El PP acepta encarcelar a quien se lucre con la prostitución, pero suavizando la pena

Lo cierto es que las peticiones y matizaciones de los populares no parecen inasumibles, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE sabe que o pacta con la bancada de Alberto Núñez Feijóo o se quedará sin reforma legal. Sus socios parlamentarios habituales, nacionalistas catalanes y vascos no están por la labor, y ni siquiera sus aliados gubernamentales de Podemos están dispuestos a llegar tan lejos en la prohibición y la persecución penal.

El PP solo defenderá siete enmiendas al texto original socialista en la ponencia que se constituirá en los próximos días en el Congreso para debatir y votar las modificaciones a introducir en la proposición de ley socialista.

Los conservadores aceptan la columna vertebral abolicionista de la propuesta. Están de acuerdo con modificar el Código Penal para extender el delito de proxenetismo hasta al más leve de sus tipos, el del chulo que vive de lo que gana la mujer a la que prostituye, aunque ella lo haga de forma voluntaria y no haya por medio ni golpes ni coacciones. También suscriben que los propietarios de clubes de alterne o burdeles se conviertan en delincuentes, entren en la cárcel y vean sus negocios clausurados. Y no ponen pegas a que los clientes de las prostitutas reciban fuertes multas, carguen con antecedentes penales e, incluso, pisen la cárcel (de 1 a 3 años) si a quien pagan por actos de naturaleza sexual es una menor o una persona vulnerable.

Solo proponen un cambio en la reforma penal que introduce el texto del PSOE. Es en la tercería locativa, el delito que si se aprueba la ley socialista cometerán los empresarios de la prostitución por el simple hecho de poner locales, pisos o habitaciones para que pueda ejercerse esta actividad a cambio de un beneficio. El PP pide que no sea un artículo distinto y agravado -como pretende el texto original- sino el mismo delito que el simple proxenetismo. Que a unos y a otros se les condene prácticamente con igual pena. Es decir, si solo hay lucro, de 1 a 3 años de cárcel y multa. Y si existe violencia, intimidación, engaño o abuso sobre la mujer de 3 a 6 años y una multa aún mayor. La única diferencia entre ambas condenas estribaría en que a los empresarios se les clausuraría el negocio o se les requisaría el inmueble.

El cambio que propone el PP no es mayúsculo, pero si que suaviza las penas de cárcel que los socialistas pretenden poner a los empresarios de la prostitución. El texto original prevé de 2 a 4 años de prisión por el simple hecho de lucrarse con la tercería locativa (sin coacción a la mujer) y la enmienda del PP establece de 1 a 3 años de cárcel para quien se enriquezca poniendo los medios de forma ocasional y entre 2 y 3 años para quien lo haya convertido en su negocio, quien lo haga habitualmente.

El resto de las enmiendas populares contienen tres exigencias al Gobierno, que se incorporarían como disposiciones adicionales en la propia norma. La primera es que diagnostique en profundidad la situación de la prostitución en España para diseñar y ejecutar un plan, con la suficiente dotación presupuestaria, que permita ofrecer alternativas sociales y laborales a las exprostitutas y las personas que se libere de la trata para explotación sexual.

La segunda es que el Ejecutivo realice campañas de concienciación dirigidas a los varones jóvenes con el objetivo de desincentivar la demanda de prostitución. Y la tercera es que el Gobierno, en un máximo de seis meses, mande al Congreso una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que en la que garantice una atención individualizada y todos los medios y recursos para que puedan ser rescatadas, con especial atención a las menores.

Este asunto tiene enfrentados a los ministros socialistas y de Podemos porque los segundos (el Ministerio de Igualdad) envió hace más de medio año un borrador de ley al Ministerio de Justicia. Este departamento decidió entonces empezar el proyecto legislativo desde cero, hasta el punto de que a día de hoy todavía no ha pasado ni por el Consejo de Ministros y no se sabe si la ley contra la trata gubernamental llegará o no al Congreso con tiempo suficiente para poder aprobarse esta legislatura o no.