No hace falta irse a Sudáfrica a cazar leopardos o a Filipinas en busca de pangolines para comprender el alcance de las restricciones que impone el CITES. Sus apéndices son la Biblia del cazador deportivo, ávido de coleccionar trofeos pero sabedor de que cumplir ciertas ... fantasías no es sólo cuestión de dinero. También en España los apéndices de este convenio son de obligado cumplimiento. Está prohibida la caza de especies como el oso pardo, la avutarda, el urogallo o, más recientemente, el lobo. También, por supuesto, el lince ibérico, todavía amenazado, aunque cada vez más lejos de la extinción gracias al intercambio genéticos para atajar la endogamia, los nuevos asentamientos y la repoblación de conejos, su mayor sustento. Pese a todas las precauciones, el furtivismo sigue siendo la causa de la muerte del 5% de su población, sólo por detrás de los atropellos.
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En España son 198 las especies en peligro de extinción, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Siete corresponde a mamíferos, 8 a reptiles, 21 a aves, 127 a flora... Desde el trébol de cuatro hojas a la foca monje del Mediterráneo, del desmán ibérico al visón europeo. Y este listado tiene su importancia porque nuestro país es un inmenso coto de caza, donde pese a la caída del número de licencias –743.600 en 2019 frente a las más de un millón del año 2005–, la cifra de piezas cobradas se mantiene en alrededor de 20 millones, aves en su gran mayoría, debido a las sueltas masivas de animales criados con este propósito.
El territorio nacional ocupa 50,5 millones de hectáreas y de ellas 44 millones, el 87%, están destinados a la actividad cinegética. El 19% de las áreas destinadas a esta práctica están en Castilla-León, si bien hay comunidades como La Rioja, Navarra, Galicia, Cataluña o Aragón donde representan nada menos que el 90% de su suelo.
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