Prostitución contra abolición, dos realidades paralelas

Silenciadas las que defendían una regulación legal, ahora persisten dos posiciones principales frente a los aspectos principales de la iniciativa del PSOE, apoyada por el PP. Hasta ahora la que se ha escuchado con más fuerza es la de las asociaciones feministas que piden políticas públicas para erradicar la prostitución. Pero ya alzan la voz los que se benefician de este comercio. Aquí se contraponen sus posiciones.

La confrontación empieza por el vocabulario. Las primeras, como Rosario Carracedo (RC), portavoz de la Plataforma para la Abolición de la Prostitución, hablan de «mujeres que sobreviven enprostitución», «proxenetas» y «puteros»; y las segundas, representadas por Susana Pastor (SP), presidenta de la nueva organización, usan «trabajadoras sexuales», «empresarios» y «clientes».

Rosario Carracedo (RC): «El nivel de violencia que comporta en sí mismo el uso sexual de las mujeres es ya intenso. Es un sexo tremendamente masculino, parte de un modelo patriarcal».

Susana Pastor (SP): «No es una defensa hacia la mujer, es un ataque. No se vende un cuerpo, sino que se pacta por sexo».

SP: «Explotación es obligar a alguien. La prostitución es una elección libre y la ley de abolición es paternalista. Una entra y sale cuando quiere».

RC: «Impugno que las mujeres que sobreviven en prostitución lo hagan voluntariamente. Lo hacen porque no tienen otra opción de supervivencia».

SP: «Pregúntales a las mujeres qué trabajo quieren que no sea la prostitución y te dirán que ninguno. ¿Por qué no podemos dejar a la mujer que sea lo que quiera?».

RC: «Queremos un cambio de paradigma. Una sociedad en la que ninguna mujer esté en situación de explotación y subordinación».

SP: «Muéstrame las denuncias. Hay muy pocas que hacen servicios especiales y si lo hacen es porque les gusta y se les da bien».

RC: «¿Por qué permitir espacios de impunidad a comportamientos violentos y ejercicios de poder?».

(En España la ley prohíbe el lucro con la prostitución ajena, pero permite cobrar a la mujer por usar un espacio para el sexo en cada «servicio»).

SP: «Dejar a las trabajadoras sexuales sin viviendas ni lugares de trabajo las empujaría a la calle o a pisos clandestinos en solitario, donde podría haber violaciones, palizas, robos, sin que se pueda denunciar».

RC: «No pasarían a la clandestinidad porque no se articulan sanciones contra las mujeres que sobreviven en prostitución».

(La legislación perseguiría al hombre que paga por sexo).

SP: «No es lógico que el cliente pague una multa o vaya a prisión si ha pactado un precio con una chica. No se le puede convertir en criminal por un acto consentido. Hay gente que sólo busca compañía y las mujeres hacen un trabajo social».

RC: «El putero es un criminal, porque ejerce actos de violencia con daños contra las mujeres. La ley le debe sancionar penalmente».

RC: «Se necesita una medida de reparación integral para abrirles una puerta de salida. La igualdad requiere esa reparación a las conductas de violencia sobre las mujeres y apoyar a las personas con menos oportunidades».

SP: «No queremos su pago único, que además es insuficiente».

(Diversos estudios muestran que las personas que se prostituyen perciben unos ingresos mensuales entre los 300 euros -mujeres trans en la calle- y diez veces más -'escorts' de lujo-, lo que mermaría con la caída de demanda.

RC: «Decir que perderán ingresos se parece a los argumentos de los comercios de blancos en Estados Unidos cuando use abolió la ley que impedía que los negros entraran, pero se tienen que imponer los principios democráticos».

SP: «Sin contar a las que están en la calle, la que menos saca unos 700 euros y otras pueden ganar 5.000 a la semana».

SP: «Todavía no he visto a las de las asociaciones abolicionistas que hayan venido a ver a las mujeres para saber su opinión».

RC: «Una parte importante de nuestra plataforma son las ONG que realizan programas asistenciales con supervivientes de la prostitución».

RC: «Ellas son cuatro, no representan a nadie. Esas mujeres defienden los intereses del proxenetismo. Defienden un negocio pero no un proyecto social».

SP: «No es verdad que muchas abolicionistas sean extrabajadoras sexuales».

RC: «Las leyes abolicionistas no obligan a salir de la prostitución. Las decisiones personales no pueden ser modificadas por el Estado. No tengo nada que decir a quien quiera seguir».

SP: «Pueden pasar cosas que no deberían pasar. No quisiera ver muerta a alguna de las mujeres porque el Gobierno no hace caso».