Un prostíbulo que pedía 70.000 euros por cerrar en pandemia pierde la demanda

Con referencias en internet de «hostal por horas» con «servicio de escorts en Barcelona» y registrada como empresa dedicada a la restauración, la demandante recurrió a los tribunales por haber resultado «perjudicada económicamente como consecuencia de la actividad desarrollada por los poderes públicos para frenar la expansión de la pandemia de la covid-19», indica una sentencia del Tribunal Supremo, que resolvió desestimar tal pretensión.

En un principio y con «informe pericial» de por medio, la cuantía del recurso había sido calculada en 186.500 euros porque las medidas sanitarias había afectado «especialmente a las empresas del sector turístico, como agencias de viaje, hostelería u ocio nocturno». «Matiza la demandante que el objeto de la reclamación se circunscribe a los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la gestión de la pandemia», desglosa la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En el escrito, el Supremo desenmascara a Mibehilo: «Como quiera que la actividad empresarial a la que se dedica la entidad recurrente es, según manifiesta y se desprende del informe pericial aportado junto a la demanda (...), la gestión con licencia de un local de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución». Los dueños del burdel argumentaban que la actuación del Ejecutivo había sido caótica y que de imponer medidas iniciales como el «uso de mascarillas y la toma de temperatura» no solo habría muerto menos población, sino que se habría evitado «el cierre innecesario de empresas».

El máximo tribunal respalda, como ha hecho en otro centenar de procesos similares de otras empresas, dedicadas a otras actividades, que el Gobierno actuó conforme a la ley y desestima indemnización alguna. De hecho, impone costas de 4.000 euros a los que han perdido el recurso. Hay otro millar de procesos en marcha. Fueron «necesarias, adecuadas y proporcionales a la gravedad de la situación y gozaron del suficiente grado de generalidad en cuanto a sus destinatarios, que tuvieron el deber jurídico de soportarlas sin generar ningún derecho de indemnización por los posibles perjuicios sufridos».