Proponen dispositivos GPS en la mochila escolar para proteger a los menores

La petición parte de considerar a estos instrumentos como herramientas de «extraordinaria utilidad» para la seguridad de las mujeres amenazadas y para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de alejamiento dictadas por los jueces, razón por la que en la actualidad ya están activadas unas 3.000 de estas pulseras. Disuaden al agresor de aproximarse a su víctima y pueden ser usadas como prueba en cualquier proceso en caso de quebrantamiento de la media de seguridad. La idea es extender la misma efectividad a la protección de los hijos que corren riesgo de convertirse también en víctimas del maltrato de género o de la violencia vicaria.

La propuesta forma parte de una nueva guía de buenas prácticas elaborada por el observatorio para que los juzgados dispongan de ideas para confeccionar un protocolo de atención a las víctimas de la violencia de género, que evite una «victimización secundaria» y que además genere una confianza en estas mujeres que contribuya a que sigan adelante con sus denuncias y el proceso contra el maltratador.

La guía, además de pedir la potenciación del uso de los controles telemáticos sobre el agresor, recomienda que la víctima sea tratada desde el primer momento con guante de seda, que se le dé información completa sobre todos los derechos y medios a su disposición, que se tomen las acciones precisas para su seguridad y la de sus hijos, que se evite su contacto con el denunciado tanto en la declaración como en el juicio, y que de cara a la vista oral se le dé la posibilidad de prestar testimonio por videoconferencia.

Los mismos expertos denuncian la situación «insostenible» de los juzgados mixtos, los que además de competencias en violencia contra la mujer realizan tareas penales y civiles ordinarias, que no están prestando, dicen, un servicio adecuado a las víctimas. Pero, sobre todo, exigen que se acaben «los peregrinajes» de las maltratadas por distintos juzgaos y sedes para que además de las medidas de protección penal se adopten otras civiles como cambios en regímenes de visitas o tutelas de los hijos, asignaciones de domicilio o convenios de separación.