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El Ministerio de Derechos Sociales ha hecho llegar hoy al PSOE la oferta con la que pretende acabar con el bloqueo de la ley de bienestar animal, la norma que busca garantizar el respeto a los derechos de los animales de compañía y alcanzar en ... España el abandono y sacrificio cero.
La solución propuesta por el ministerio dirigido por Ione Belarra consiste en trasladar a la ley nacional el mismo tratamiento y regulación que se da a los perros de caza y a sus propietarios en la ley autonómica manchega. En palabras del departamento encabezado por la máxima responsable de Podemos, copiar el modelo 'García Page', en referencia al presidente socialista de Castilla-La Mancha. Aún es pronto para saber si la jugada de los morados logrará tendrá éxito. La única valoración por ahora de fuentes socialistas es «lo analizaremos y daremos una respuesta».
La ley estatal de bienestar animal, que sobre el papel cuenta con mayoría suficiente para su aprobación, como se demostró en octubre, cuando el Gobierno y sus socios habituales derrotaron las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, lleva sin embargo un mes embarrancada y sin visos de solución en la comisión del Congreso debate las enmiendas de los grupos a su articulado.
Hay una razón principal. El PSOE, cuyos ministros habían dado el sí al proyecto de Derechos Sociales en el Consejo de Ministros que lo remitió el 1 de agosto al Parlamento, dos meses después cambio de opinión y registró una autoenmienda, que sigue en pie a día de hoy, que excluye a los perros de caza de la ley de bienestar animal, de sus obligaciones de cuidados y sanciones, con el argumento de que regulará estos extremos en una ley específica de la actividad cinegética.
El cambio de postura se materializó en octubre, pero se anticipó ya a mediados de septiembre, tras las repetidas presiones públicas en tal sentido de barones del partido como el castellanomanchego Emiliano García-Page y de múltiples organizaciones de cazadores y del mundo rural. De hecho, son muchos los dirigentes socialistas que creen que este asunto les pasó una importante factura electoral en Andalucía y Castilla y León, una sangría de voto rural que podría repetirse si no rectifican de cara a las autonómicas y locales de la próxima primavera.
La enmienda de la caza, más allá de otras diferencias menores, es la que ha frenado en seco la ley. De hecho, de no encontrarse una solución, la norma tendrá dos posibilidades, y ninguna buena. O quedarse bloqueada en comisión y decaer con la disolución de las Cortes por el fin de la legislatura o correr un serio riesgo de terminar derrotada si se somete a la votación del pleno. Tanto Unidos Podemos como los socios parlamentarios habituales (nacionalistas y pequeños grupos de izquierda), espoleados por las organizaciones de defensa de los animales, ya dejaron claro a los socialistas que dirán no a la norma si logra incluir en el texto la enmienda de la caza con el apoyo interesado de PP y Vox, que se sumarían a los noes del resto en la votación de conjunto.
La propuesta de Derechos Sociales es mantener a los perros de caza dentro de la protección de la norma nacional, pero eximir a sus propietarios de toda responsabilidad por la falta de cuidados o los daños durante la actividad cinegética, como establece la norma de Castilla-La Mancha. Su jugada pretende dar una salida al PSOE ante el mundo rural y los cazadores, que no la fórmula manchega, y, de paso, acallar las críticas de barones como el propio García Page, que no podría oponerse a su propia norma.
La ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales que las Cortes de Castilla- La Mancha aprobaron en 2010 prevé que los propietarios de perros u otros animales usados en actividades cigenéticas no puedan ser obligados a «cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar» y a «evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daño» mientras participan en la caza.
Sin embargo, de aceptar el PSOE su propuesta, estos animales deberían cumplir el resto de preceptos de la ley. «Esta excepción, sin embargo, no implica que se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la ley», aclaran en Derechos Sociales.
Belarra ha enviado su oferta al PSOE y a todos los socios habituales -ERC, JxCat, PNV, Bildu, Más País y grupo mixto-, para descartar la enmienda socialista en favor de esta transaccional rubricada por todos y desbloquear su camino al pleno y su aprobación por el Congreso.
Quienes mostraron su total rechazo a la alternativa de Derechos Sociales fueron los cazadores. La federación y las principales organizaciones del sector, en un comunicado conjunto, anunciaron que no acudirían a la cita de hoy con el ministerio, que les convocó para trasladarles su propuesta, rechazaron rotundamente lo que tildaron de «maniobra política» y aseguraron que darán un paso atrás y que no aceptan más salida a esta controversia que la retirada de la ley y la negociación de la redacción de una nueva «desde cero».
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