Planas tumba la ley de Garzón para la publicidad de alimentos a niños

En la 'batalla del helado', como se ha conocido al enésimo enfrentamiento entre Agricultura y Consumo, Planas ha contado con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha recurrido sin éxito Garzón, que recordó al jefe del Ejecutivo su compromiso con la alimentación de los menores. El Plan Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, que presentaron Sánchez y el exjugador de baloncesto Pau Gasol en junio del año pasado, fijaba como objetivo reducir la tasa de obesidad el 25% hasta 2030 y una de las medidas para cumplir esa meta era la regulación de la publicidad de los alimentos para niños. En España, el 40,6% de los niños y niñas entre seis y nueve años tiene exceso de peso, el 23,3% sufre sobrepaso y el 17,3% padece obesidad, según el Estudio Aladino 2019.

En el borrador del real decreto, redactado hace ocho meses, Garzón ponía el foco en cinco categorías de productos, independientemente de su contenido de nutrientes: chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres; pasteles, galletas dulces y demás productos de pastelería; zumos; bebidas energéticas y los helados.

El ministro de Unidas Podemos planteaba prohibir la publicidad de todos ellos en los medios impresos y en horario infantil la televisión generalista y los canales de streaming, la radio, las salas de cine y en internet, las redes sociales, las webs y las app móviles, cuando los contenidos se dirijan a menores de 16 años. Además, Consumo había llegado a un acuerdo con plataformas como TikTok o Twitter, que aceptaban dejar de ofrecer publicidad a su público menor de edad si la ley entraba en vigor.

Pero desde el principio Agricultura se opuso a los planes de Consumo. Un informe negativo del departamento de Planas exigía que se quedaran fuera de la ley los helados y otros productos considerados como «tradicionales». «Son muy importantes en nuestra economía, son tradicionales y hay que defenderlos», dijo Planas hace dos meses, cuando, utilizando los mismos argumentos que el sector alimentario, se declaró partidario de la «autorregulación», algo que Garzón rechazaba de plano porque, a su juicio, no funciona.

Consumo lanzó a Agricultura un ultimátum con una fecha muy concreta, el 31 de marzo, para que de esta forma el real decreto pudiera entrar en vigor en esta legislatura, que concluirá a finales de 2023, ya que la ley debía superar dos trámites, uno de tres meses en la Comisión Europea y otro de dos en el Consejo de Estado. En los últimos meses, otra iniciativa destacada de Garzón, la obligatoriedad del etiquetado nutricional Nutriscore, también fue frenada por Planas, aunque esta decisión depende ahora de la Comisión Europea. Pero en los tres últimos años, el choque entre ambos ministros ha sido continuo, con el pico del episodio de las macrogranjas.