El plan de choque para los dependientes pincha en su primer año

El plan de choque que el Gobierno lanzó en 2021 para reflotar el cuarto pilar del Estado social español, que inyectará 623 millones de gasto adicional cada año hasta 2023, un aumento de financiación del 48%, ha logrado mejoras en el servicio, pero se puede decir que pinchó en su primer año de vigencia, ya que se quedó muy lejos de cumplir con su compromiso de reducción de la lista espera, según concluye la auditoría realizada por el Observatorio Estatal de la Dependencia. Las razones del incumplimiento de objetivos, detallan estos expertos, son una burocracia excesiva en los procedimientos y la ineficiencia demostrada por los gestores de algunas autonomías pese al notable aumento de financiación recibida.

El compromiso para los primeros 12 meses era rebajar en 60.000 personas, sobre un 26%, la altísima cifra de dependientes que están «en el limbo», los que tienen ya reconocido su estatus, pero siguen sin recibir las ayudas o servicios a que tienen derecho. Sin embargo, según este análisis, avalado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la lista de espera solo se redujo en 38.807 dependientes (sobre un 17%), lo que supuso quedarse en el 64% del objetivo marcado.

Pese al avance, todavía hay 193.346 españoles que deberían contar con apoyo oficial en su día a día y no lo tienen. Nueve de cada diez llevan más de seis meses esperando a que les llegue la ayuda que les concedieron y casi la mitad de ellos son, además, personas con notables limitaciones y necesidades urgentes, pues tienen una dependencia de grado medio, alto o severo. Si el plan de choque sigue incumpliendo sus propios ritmos y objetivos los expertos calculan que no logrará la plena atención de los dependientes ya reconocidos y en lista de espera en menos de seis años, el doble de lo que se marcó.

El Observatorio cree que la inyección financiera no ha logrado sus objetivos porque la concesión del derecho y las ayudas está sujeta a un papeleo y unos peritajes y visados excesivos, que atascan el proceso, a lo que se suma la «impericia» a la hora de gestionar los fondos de autonomías como Canarias, La Rioja y Cataluña, donde lejos de bajar la lista de espera aumentó un 23%, un 16% y 7%, respectivamente. Por uno y otro motivo se han dejado de ejecutar 76 millones presupuestados, que podrían haber acabado con la espera de 13.000 beneficiarios más, y se ha desperdiciado otra cantidad similar por el escaso número de cuidadores no profesionales (en su mayoría familiares y amigos), no llega al 15%, que han aprovechado la recuperación de la gratuidad de cotizaciones para darse de alta como tal en la Seguridad Social.

La consecuencia más directa de la persistencia de esta lista de la vergüenza es que, pese a la reducción, el año pasado murieron cada día 127 dependientes -46.3000 en el año, uno cada 11 minutos- sin recibir ni una sola de las ayudas que ellos y sus familias tienen aprobadas y necesitan. Pero es que además el «limbo» solo es una parte de los casi 400.000 dependientes desatendidos por el Estado, porque a la lista de espera hay que sumarle los 124.546 solicitantes de servicios que aún están pendientes de que se les valore su grado de limitación o discapacidad. El tiempo de espera entre la solicitud y la obtención de la prestación de dependencia, que según la ley no debería superar los seis meses, rebasa de media nacional los 14 meses y supera de manera general el año y medio en Canarias, Andalucía, Cataluña, Murcia y Extremadura. Solo se cumple el plazo legal, en la mayoría de casos, en el País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Baleares.

Pese a no alcanzar el plan de choque su principal objetivo, gracias al impulso económico del Gobierno en 2021 se produjo la primera reactivación del sistema de la dependencia en una década, certifican los expertos. Hay 97.912 personas atendidas más que en 2020 (lo que multiplica por diez el aumento del año anterior), hay 59.105 españoles más con la dependencia reconocida y 70.780 ciudadanos adicionales que obtienen servicios del sistema. Todo ello genero en los 12 meses 27.453 nuevos empleos en el sector.

Los directores de servicios sociales consideran indispensables varias medidas si se quiere que el plan de choque despliegue toda su potencialidad en 2022 y 2023. Ven urgente una reforma legal que agilice los trámites y simplifique los procedimientos de la dependencia, para que sea el «profesional de referencia» del solicitante quien diga si se trata de un dependiente y en qué grado. También reclaman que todos los recursos adicionales del plan tengan como prioridad absoluta reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación.