La pesca ilegal de atún rojo, el gran crimen ambiental de Europa

La fase final de la operación Tarantelo comenzó en junio de este año y se realizaron 49 registros e inspecciones al mismo tiempo en al menos 8 provincias españolas. «Estamos ante una de las mejores operaciones en la lucha contra el crimen ambiental, y en 18 años de policía nunca había visto algo similar», sostiene Pedro Felício, jefe de la Unidad de Operaciones contra el Crimen Organizado de la Europol. «La Unión Europea ha colocado el crimen ambiental al mismo nivel que el tráfico de droga, el blanqueo de capitales, la trata humana y la pedofilia. La pesca ilegal es actualmente la mayor amenaza contra el ecosistema marino».

Para incorporar el atún pescado de forma ilegal se utilizaban compañías legítimas, que movían y recibían el producto, lo almacenaban y vendían por debajo del precio, con documentación en regla. Pero por cada kilo de atún rojo legal, se introducían dos de pesca prohibida. El entramado llegaba hasta las mismas lonjas, MercaMadrid, MercaBarna y MercaSevilla, entre otras. «No todos conocían su procedencia, pero los detenidos sí conocían que era ilícita», explica Gálvez. En esta operación de «blanqueo» se habría comercializado en negro casi cuatro millones de kilos.

El peligro sanitario estaría en la ruptura de la cadena de frío. Durante la investigación la Guardia Civil identificó a un consumidor de Sevilla que compró atún rojo en un comercio legal, consumido de cena e ingresado en el hospital durante al menos un día. «La estamina de la carne era mayor de lo permitido por las autoridades sanitarias, algo que encontramos también en seis muestras realizadas», dice Gálvez.

Además, están las consecuencias del crimen ambiental. «Si se sobrepasa la cuota de pesca, la tuna no tardarán ni diez años en entrar en las listas de especies en peligro de extinción», asegura Felício. «Los topes de pesca están al límite ahora». Existe también la posibilidad de que las cuotas se vean rebajadas por las comisiones ambientales, perjudicando doblemente a los pescadores legales, al vender ahora por debajo del precio y al reducir sus capturas futuras. «Cada año, el comité científico del organismo que gestiona la pesca del atún rojo hace una estimación a partir de la situación de la especie, las cuotas legales y las capturas ilegales», ratifica Esther Boy, jefe de Inspección Pesquera, organismo que comenzó las pesquisas y se mantiene como parte acusadora del proceso.