Perros contribuyentes: ¿deben pagar una tasa anual los propietarios de estas mascotas?

Establecido en el siglo XIX, las autoridades germanas lo consideraron en origen un impuesto a la riqueza, porque tener perro por placer les parecía un lujo, lo mismo que poseer joyas, sirvientes... La tasa ha experimentado cambios a lo largo de los años, pero se mantiene a día de hoy y corresponde a cada municipio fijar la cuantía. Fráncfort, por ejemplo, cobra 102 euros por cada ejemplar, pero en Berlín la factura se dispara hasta los 120 euros al año cuando se trata de la primera mascota, y a 180 por cada can adicional. Los propietarios de ejemplares de razas catalogadas como peligrosas lo tienen aún peor, porque el impuesto puede alcanzar los 1.000 euros en algunas ciudades, como ocurre en Núremberg.

El caso alemán no es único. En Suiza, cada cantón aplica su propia tasa, que puede oscilar entre los 106 y los 213 euros al año, según el peso y el tamaño del animal, y en Holanda hay diferencias entre el recibo que se gira a los habitantes de Róterdam, de 120 euros, y el que reciben los residentes en ciudades fronterizas, que baja a 75 euros.

El debate sobre la aplicación de un canon anual a los propietarios de perros se reabierto en Francia, donde el Gobierno busca nuevas fórmulas para ahorrar y sanear sus cuentas. Así, el éxito registrado al otro lado del Rhin podría animar al Ejecutivo galo a recuperar una tasa que nació en el país con Napoleón III -entonces se cobraba entre uno y dos francos- con el propósito de limitar el número de perros callejeros y luchar contra la rabia, y que suprimió en 1971 el entonces ministro de Economía y Finanzas Valéry Giscard d'Estaing cuando la recaudación ascendía a cerca de 711.000 euros.

En el país vecino, el 32% de los hogares tenían perro el pasado año, cuando según Statista, el portal de estadística para datos de mercado en Europa, había más de 7,6 millones de canes censados. Una cifra lo suficientemente alta como para reportar grandes ingresos al erario público -hagamos la cuenta aplicando, por ejemplo, una tasa media de 100 euros al año-, pero que levantaría ampollas y desataría la polémica.

Así ocurrió en Zamora, el primer municipio español que se subió al carro del impuesto canino fijándolo en 9 euros en 2019. «Tuvo mucha repercusión por la cuestión política, -gobernaba y gobierna Izquierda Unida-. Salimos en todas las cadenas de televisión», recuerda Diego Bernardo, actual concejal de Economía y Hacienda, que llegó al Ayuntamiento cuando ya había sido aprobada una medida que, asegura, no perseguía ningún fin recaudatorio. «En aquel momento había un descontrol bastante grande del censo. En una ciudad de 60.000 habitantes teníamos casi 10.000 perros censados, algunos con 30 o 40 años que, lógicamente, a su muerte no habían sido dados de baja», explica. El propósito municipal era depurar el registro y, de paso, utilizar el dinero recaudado para mejorar el servicio a los propietarios de canes: «reponer las bolsas para recoger las heces, desinfectar los 'pipicanes', mantener el vallado de los parques...». Cuando cuatro años después el objetivo se dio por cumplido el Consistorio suspendió el cobro de la tasa. «El censo reflejaba ya 5.760 perros y, además, no nos salían las cuentas. Con el papeleo, las notificaciones, los gastos de personal... la tasa era deficitaria», reconoce el edil.

Benavente, Salamanca, Avilés, Gijón... Son algunas de las localidades que, después de Zamora, han valorado la aplicación del impuesto canino. En Madrid, donde en 10 de sus 21 distritos hay más perros que niños de 0 a 9 años, la propuesta también ha sido sometida a la consideración de la ciudadanía.

Guillermo Fouce, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, vería con buenos ojos la aplicación de una tasa para sufragar el coste que supone para los municipios el mantenimiento de parques para mascotas y la gestión de sus residuos. «Y creo que también serviría para hacer a los propietarios corresponsables», dice el experto, que incluso apostaría por «bonificar la tasa o incluso aplicarla en función de los ingresos» si fuera necesario.

«Invertir lo recaudado con una tasa asumible en una mejora palpable de las infraestructuras» tampoco merece la crítica del Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) que, pese a todo, ve «claros y oscuros» en este asunto. «Es algo de lo que, en realidad, tendrían que hacerse cargo las administraciones, no las personas que tienen animales, que ya pagan un 21% del IVA veterinario», apunta su portavoz nacional, Yolanda Morales.

Cristina Cuenca, profesora de Psicología Social en la Complutense, lo tiene clarísimo. «Sí rotundo a la tasa. Me parece fenomenal», subraya. El motivo de esta afirmación tan tajante radica en sus años de experiencia como consultora y asesora en varios ayuntamientos españoles. «He trabajado mucho en los temas de presupuestos participativos y entre las demandas más habituales estaba todo lo relativo a los perros. El problema de la suciedad en las calles, las molestias...», indica.

Cuesta defiende que el dinero recaudado por esta vía debería redundar en beneficio de los animales -«incluso si no son perros»-, y valora la medida que se estila en varios países europeos porque, en su opinión, «fomentaría un comportamiento más responsable» por parte de los dueños de perros, porque «no son una moda, no son únicamente un juguetito. Son sujetos de derechos y también de deberes», apunta.

España cerró el censo con 9,3 millones de perros en 2023, una cifra que, advierte la psicóloga, irá a más, «porque cada vez va a haber mas gente sola. No podemos obviar las tendencias sociales».