Penas más duras para quienes asfixien a su expareja con el impago de pensiones

Es una de las medidas centrales del capítulo más novedoso del nuevo pacto, el que reclama al Ejecutivo una amplia batería de cambios en el Código Penal para tratar de impedir una de las formas de maltrato de género más sibilinas y eficaces, la que busca controlar, someter e incluso esclavizar a su pareja o expareja colocándola en una situación de dependencia económica que dificulte, si no impida, que pueda escapar de la dominación del agresor machista.

Todas las formaciones políticas salvo Vox creen que ha llegado el momento, como antes se hizo ya con las agresiones físicas y psicológicas, de acabar con la impunidad de la violencia económica de género. Por ese motivo, el dictamen que aprobará el pleno demanda en su medida 404 que se cree un nuevo delito específico que persiga todas las conductas que tengan por finalidad limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres en la pareja y que se explicite que se trata de una forma concreta más de violencia de género. Esa gama de violencias económicas de género, debe aclarar a partir de ahora la ley española, no se agota en el impago de pensiones sino que también incluye otras actuaciones delictivas como la ocultación de bienes (alzamiento), la apropiación indebida de fondos ajenos, la administración desleal del patrimonio personal o familiar e incluso la estafa.

Los legisladores proponen que el ordenamiento jurídico debe definir y entender este tipo de violencia machista como «la acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores». La regulación deberá añadir que esta violencia se hace «con el objetivo de que la mujer dependa económicamente del agresor, mermando sus opciones de escapar de la violencia y, por tanto, incrementando la posibilidad de que la situación derive en privaciones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o muerte».

Además del delito específico, el Congreso pide al menos cuatro reformas para endurecer las penas por impago de pensiones, que ahora se condenan con entre tres meses y un año de cárcel o multa cuando se dejan de abonar las prestaciones dos meses consecutivos o cuatro alternos.

Consideran que el artículo 227 del Código Penal tendría que prever al menos dos subtipos agravados de este delito. El primero sería el que castigaría con una pena más dura los supuestos en los que la violencia del impago a la expareja dañe la vida de menores o de otros convivientes necesitados de especial protección como son los que sufren discapacidad.

El segundo tipo agravado debería prever penas más duras y desincentivadoras para los casos en que el impago persiga dejar a la maltratada, a su familia o todos ellos sin la vivienda en la que residen o en tan mala situación económica que limite o impida «su acceso a recursos básicos para la vida».

El mandato legislativo también cree necesario que el alcance del artículo 227 no se debería limitar solo a las pensiones ordenadas por el juez sino también a los compromisos derivados de acuerdos privados ante notario de las partes y los partidos aconsejan que otro artículo del Código Penal aclare los criterios para fijar la cuantía económica del perjuicio causado con esta violencia.

El Congreso también reclama al Gobierno la adopción de medidas concretas para impedir la variante de la violencia de género que denomina «sabotaje laboral», con la que describe las acciones del maltratador para impedir a su víctima obtener o mantener un empleo con el objetivo de perpetuar su control a través de la dependencia económica.