Peligra la ley que impide que los huérfanos visiten al asesino de su madre en prisión

Entre los puntos débiles que fracturan al sistema a la hora de atender a los hijos de las mujeres asesinadas hay tres que destacan. El primero alerta de la posibilidad real de que la nueva directiva europea de violencia de género anule la ley española que impide que los menores visiten en la cárcel a los padres condenados por asesinato de violencia de género, en vigor desde 2021. El texto de la UE indica que los estados deben ser garantes del contacto seguro entre los hijos y los padres maltratadores.

«Los Estados no pueden facilitar esos contactos ni garantizar que se hagan de manera segura. Sin contacto no hay riesgo», advierte Marisa Soleto, que preside la Fundación Mujeres. «Es un problema enorme para los países, como Sueia y España, que han tomado otro camino. Ese artículo tiene que desaparecer de la directiva europea que está a punto de aprobarse».

La segunda «recomendación» objeta que el amparo institucional exista sólo si los hijos tienen menos de 18 años al ocurrir el crimen. En algunas comunidades autónomas las ayudas prosiguen sin límite de edad; en otras finalizan con la mayoría de edad. Pero en ninguna cubre al hijo que tiene más de 18 años. «Nunca podrán acceder a la condición de víctima de violencia de género y queda en situación de desamparo», asegura Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes. Por tanto se pide que la protección a los huérfanos se extienda hasta los 25 años.

El tercer punto es un llamado de atención a la Seguridad Social, que entorpece los trámites para que los huérfanos puedan tener la pensión que les corresponde. Existe absoluta opacidad en los datos y el reconocimiento de ese beneficio «tiene problemas», advierte Soleto, que tiene recurridos varios casos de denegación. «La legislación busca facilitar el trámite pero nos encontramos con un porcentaje elevado de resoluciones negativas de la Seguridad Social. Es un incumplimiento directo de la ley, al no aplicar la presunción de abandono» y exigen a las familias una declaración expresa de abandono, o piden que la madre haya cotizado, que es algo que ya estableció la ley que no era necesario. Eso es también una revictimización. No podemos seguir castigando a las familias a hacer trámites adicionales».