El PSOE abre otro frente con Podemos al parar 'in extremis' la Ley de Familias

En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra insisten en que la Ley de Familias «había pasado por todos los trámites formales previos al Consejo de Ministros» -ellos mismos dieron por hechos el jueves pasado que se aprobaría esta semana- y que «es un hito del plan de recuperación», además de formar parte del acuerdo entre ambos socios de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fuentes del departamento mostraron este lunes por la noche, tras recibir por sorpresa el aviso de Moncloa, «su preocupación por los constantes retrasos a esta norma por parte del ala socialista», subrayando que dicha ley «es muy urgente para las familias españolas que no reciben todo el apoyo que necesitan ni a la conciliación, ni a la crianza».

Desde el ámbito socialista, por su parte, no se ha dado ninguna explicación ni justificación sobre este nuevo aplazamiento 'in extremis'. Lo cierto es que no es el único proyecto liderado o auspiciado por Unidas Podemos que está sufriendo retrasos importantes en su tramitación. Ya ha pasado con la reforma normativa sobre el mercado de vivienda y también ahora con la llamada 'ley trans', que parece encontrarse encallada en el trámite de enmiendas en el Congreso. Y a todo ello se ha unido para enturbiar la relación entre los socios de Gobierno la polémica en torno a la aplicación efectiva de la ley del 'solo sí es sí' y los posibles errores en su elaboración.

Entre las novedades que recoge el anteproyecto de la Ley de Familias destaca que las parejas de hecho que oficialicen su unión sentimental con su inscripción en el registro tendrán derecho a disfrutar de los mismos 15 días de permiso laboral remunerado que desde hace años disponen las personas que se casan, esto es, quienes se convierten en un matrimonio. Una mejora que junto al resto de novedades del texto, sin embargo, puede no ver la luz en esta legislatura salvo que el Ejecutivo acelere al máximo las consultas por las que tendría que pasar el texto -eso sí, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros- antes de llegar al Congreso y declare de máxima urgencia su tramitación parlamentaria.

Antes de este nuevo y sorpresivo aplazamiento, la ministra Belarra estaba convencida de que, aunque con apuros, aún había tiempo para que la ley saliera publicada en el BOE antes de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes el próximo otoño. Lo pensaba pese a saber que todavía faltarían varias semanas para que dicho texto recibiera el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros -tras recibir los informes preceptivos- y meses para que la apruebe un Parlamento que sufrirá parones de actividad en enero, antes de las elecciones locales de primavera y en julio y agosto próximos.

Los tiras y afloja políticos entre los dos socios de gobierno y los múltiples recortes que los ministerios de Hacienda y Seguridad Social han introducido en las pretensiones iniciales de Belarra ya habían bloqueado más de medio año el primer paso de la norma por el Consejo de Ministros.

El permiso remunerado por unión de hecho es consecuencia directa de una de las principales razones de ser de esta ley: decretar la igualdad real y de derechos de todos los tipos de familia que hay en España (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, sin lazos legales, LGTBI, procedentes de otras uniones o de acogida o adopción, entre otros). La misma igualdad entre parejas que garantizará a las uniones de hecho una pensión de viudedad o cualquier otro beneficio o ayuda que tiene el matrimonio.

El borrador de la ley, además de igualar en derechos a todas las familias, incorpora nuevos permisos y prestaciones para cuidados y más derechos y ayudas para las familias monoparentales, casi todas encabezadas por una mujer y la mitad en situación de pobreza o en alto riesgo de padecerla, el doble que el resto.

La nueva norma, si termina por aprobarse, amplía el concepto de familia numerosa a las monoparentales con dos hijos a cargo, las de cualquier clase con dos hijos que tengan un padre o un hijo discapacitados y a los hogares con dos hijos encabezados por una víctima de violencia de género o por un progenitor con la guardia o custodia exclusiva de los hijos, pero no se le ha asignado pensión. Recibirán ayudas directas, beneficios fiscales, bonificaciones en el transporte y prioridad de acceso a becas, vivienda o al bono social eléctrico.

Las familias monoparentales y vulnerables también tendrán prioridad para el acceso a las plazas públicas de la primera etapa de educación infantil y la norma obligará a todas las administraciones a garantizar la atención temprana de todos niños con trastornos del desarrollo, algo no asegurado hoy según la comunidad autónoma en que se viva.

Los tres puntos más llamativos del proyecto son la creación de un permiso de cuidados familiares remunerado anual de hasta cinco días; de otro, en este caso no retribuido, de ocho semanas para la crianza de los hijos a utilizar antes de que los niños cumplan ocho años y la extensión casi universal de la renta crianza de 100 euros a progenitoras con hijos de hasta tres años, ahora solo cobrada por madres trabajadoras o con ingreso mínimo vital, a las que hayan cobrado subsidios de paro o tengan cotizados al menos 30 días a la Seguridad Social.

El primer permiso es una de las razones de que la ley lleve semanas bloqueada. Belarra pretendía que fuese de siete días anules (nueve si se salía de la autonomía), pero Hacienda puso al final el tope en cinco. Amplía los actuales dos días por fallecimiento o enfermedad grave de marido, hijos, padres, hermanos o nietos a cualquier otro conviviente y puede utilizarse para cuidarlo ante cualquier imprevisto de salud (grave o no) o para acompañarle a la consulta o el hospital.

El otro permiso, el de ocho semanas, lo pueden coger tanto un progenitor como el otro, por días o por semanas, pero nunca sumado porque es intransferible.

Lo que se quedó por el camino fue la pretensión de Belarra de ampliar el permiso parental a 24 semanas y, sobre todo, el aumento de la misma licencia a 26 semanas para los progenitores de hogares monoparentales.