El padre de Marta cree que juez y policía se «tapan» mutuamente

Antonio del Castillo ha comparecido este martes ante los medios de comunicación, para evaluar los autos emitidos al respecto el pasado 21 de septiembre y el pasado 26 de octubre por el Juzgado de Instrucción número cuatro y la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, respectivamente, después de que tiempo atrás, el Juzgado de Instrucción número cuatro, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, atendiese a una petición de la familia para que dicha línea de investigación abarcase los «datos crudos» de teléfonos móviles relacionados con los hechos.

En ese marco, el pasado 21 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número cuatro emitía un auto, dando cuenta de los «informes emitidos por las operadoras» de telefonía móvil respecto a los terminales de Miguel Carcaño y Marta del Castillo, para su traslado al perito designado a fin de que el mismo «presente informe, acordándose el archivo de esta pieza en tanto se remita» dicho informe.

La Sección Tercera de la Audiencia, de su lado, emitía un auto el 26 de octubre, desestimando un recurso de apelación de la familia de la víctima, contra un auto previo de febrero autorizando a un perito a acceder a los «datos telefónicos crudos» de los teléfonos móviles con los que contaban a la fecha de los hechos Miguel Carcaño y Marta del Castillo; pero excluyendo de dicha medida «el resto de terminales telefónicos», en alusión a los móviles de otras personas juzgadas por el crimen, como es el caso del hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia María García Mendaro, el amigo de Carcaño Samuel Benítez o el joven Francisco Javier García, conocido como El Cuco.

Los tres primeros, recordémoslo, fueron absueltos tras el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por este crimen, mientras en el caso del Cuco, fue condenado por un Juzgado de Menores por encubrir el asesinato perpetrado por Carcaño y, ya este año, el Juzgado de lo Penal número siete le ha condenado junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio, en sus comparecencias como testigos en el citado juicio celebrado en 2011 contra los adultos.

La Sección Tercera de la Audiencia desestima el recurso de apelación de los padres de la víctima «al ser de aplicación la nueva doctrina del Tribunal Supremo (...), que considera precluido el plazo de investigación sin que previamente se hubiera acordado su prórroga, al no haber sido interesado por las acusaciones dicho pronunciamiento, por lo que declara »concluida la fase de instrucción«.

Ante ello, Antonio del Castillo ha alegado que «nadie puso fecha» límite en dicha pieza separada para la búsqueda del cadáver de su hija, planteando retóricamente si pesa fecha tope para buscar a las víctimas «de la Guerra Civil», extremo que ha expuesto manifestando todos sus «respetos» a tales víctimas y a sus familias.

A su entender, la Audiencia ha esgrimido un precepto legal que «no corresponde» aplicar en este caso, porque el mismo no abarca «investigaciones» respecto a posibles responsables de delitos, sino la búsqueda de unos restos mortales. Al punto, ha preguntado retóricamente si el fiscal del caso «está haciendo su trabajo o quiere terminar con este tema», porque en su opinión el Ministerio Público «debía haber pedido la prórroga».

En ese sentido, Antonio del Castillo ha considerado que la decisión de la Audiencia deriva de que la misma «no sabe qué hacer» ante la actuación previa del titular del Juzgado de Instrucción número cuatro, de autorizar «en principio» la investigación de los teléfonos móviles de «todos y cada uno de los inculpados» inicialmente, para después «retractarse» y reducir las pesquisas a los terminales de Carcaño y de su hija. Ese giro, según asegura, ya le pareció «sospechoso».

«A lo mejor tienen miedo de lo que salga o lo que puedan encontrar», ha planteado, considerando que el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro «metió la pata» y, ante ello, «alguien» habría dado la instrucción de «terminar» con el asunto para no «remover más mierda».

Así, ha insistido en que todo es «consecuencia de una mala investigación policial en principio y una mala instrucción» judicial, ante la cual «se están tapando el culo unos a otros». «El juez a la Policía y la Policía al Juzgado. Corporativismo y los jodidos somos nosotros», ha aseverado.

En cualquier caso, ha confirmado que la familia de la víctima va a «seguir las reglas del juego», acudiendo al Tribunal Constitucional mediante una demanda de amparo, una vez que la Sección Tercera de la Audiencia no admita previsiblemente el incidente de nulidad previsto ante dicha instancia por la decisión de declarar concluida la instrucción del asunto.