Ordenan repetir un juicio por tráfico de órganos al excluir a la ONT

Los cinco acusados habían ofrecido pagar 40.000 euros a una persona a quien vendiera medio hígado y viajara a España para hacerse pasar por donante altruista. El beneficiario sería un residente en Líbano que sufría una enfermedad hepática. En este caso, un comisión de ética dudó del «carácter gratuito» de esta «donación intervivos» y paralizó la operación.

La Fiscalía concedió un pacto a los acusados con penas de entre uno y dos años. Pero antes maniobró para que se retirara la condición de perjudicado a la ONT, «cuya presencia podría haber alterado la conformidad y obligado a la celebración del juicio, como sostuvo en su recurso», indica el Supremo, que anula la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Valencia y ordena que se celebre un nuevo juicio con magistrados distintos.

El modo de proceder comenzó cuando, aquejado de una enfermedad en el hígado, H. A pide a sus familiares residentes en España –él vive en Líbano– que busquen donantes vivos, porque su hijo, A. H. A. «no tenía intención de ser el donante, tanto por el riesgo», como por otros motivos.

Dos de los contactos de H. A. en el país acudieron en 2013 a informarse a dos centros médicos, el Hospital Universitario de Pamplona y el Clínic de Barcelona–el mismo donde hicieron la misma operación al futbolista Eric Abidal un año antes–. Allí les advirtieron, según la sentencia, de la legislación y las normas para la extracción y trasplante de órganos. Sobre todo el apartado que especifica que la donación debe ser altruista, gratuita, libre, consciente, con un consentimiento por escrito.

Los acusados «empezaron a reclutar posibles donantes para lo cual contactaron con personas sin recursos o en situación de necesidad económica, con el fin de que mediante precio u otro tipo de recompensa» dieran la mitad de su hígado. En la Clínica Quirón de Valencia realizaron pruebas a ocho personas, todas «vulnerables».

Mientras tanto, H. A. estaba ingresado en un hospital. Encontraron primero a una mujer, B. S., que era compatible. Le ofrecieron los 40.000 euros. Ella aceptó pero antes de dar el órgano, los acusados hallaron a un varón, N. N., y prefirieron al segundo. Se hizo pasar por «un amigo de un amigo del receptor y que todo lo hacía de forma altruista».

Con el trato cerrado, se dirigieron primero a un hospital, después a otro. El Comité de Ética de ambos hospitales, porque el donante «ni hablaba la lengua del receptor ni tenía la misma nacionalidad ni religión y no parecía con ningún tipo de vinculo que justificara su consentimiento desinteresado». Ante las dificultades, finalmente el hijo de H. A. donó un trozo de su hígado en agosto de ese año, y salvó su vida.

Fueron condenados por un «delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos», con penas de prisión que en la misma sentencia se suspendían con la condición de que no volvieran a delinquir. Libres y con salud, parecía que había un final feliz para los compradores de hígados.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, en nombre de la ONT, recurrió, por haber sido apartado del proceso con la venia del tribunal. Ahora el Supremo advierte que la ONT no puede ser «olvidada» ni «apartada» en este tipo de procedimientos judiciales, para asegurar la protección de las «víctimas de los autores del delito» como del sistema sanitario y la «propia organización del trasplante».