La oposición exige ya los 200 millones para luchar contra la violencia de género

El centro de la polémica fueron los 200 millones de euros adicionales que el Estado se comprometió a aportar cada año y durante un quinquenio -100 para las autonomías, 80 para los ministerios y 20 para los ayuntamientos- para poder ejecutar las nuevas medidas contra esta lacra contenidas en el acuerdo.

La oposición le reclamó al Gobierno que cumpla ya con el mandato que el Congreso acordó en noviembre, en el que le pedía que en caso de prórroga de los Presupuestos de 2017, medida que el Ejecutivo dictó en diciembre, aprobase un crédito extraordinario por real decreto para aportar a cada uno de los organismos los 200 millones de 2018. El objetivo era evitar que la falta de cuentas del Estado bloquease la puesta en marcha de las medidas.

Dolors Montserrat reiteró que el compromiso del Gobierno de aportar en 2018 los 200 millones adicionales es «firme», pero, pese a las reclamaciones de la oposición, no concretó ni cuándo se liberará ese dinero, ni cuando llegará a las autonomías y ayuntamientos.

Señaló que lo que tiene que hacer la oposición ahora es asumir «su responsabilidad» y negociar y ayudar al Gobierno a aprobar unos Presupuestos para este año, en los que estarían incluidas esas partidas. Solo en el caso de que en los tres primeros meses del año no se vea la posibilidad de aprobar el proyecto de cuentas del Estado, añadió, buscará «instrumentos alternativos» para que los ministerios y las administraciones locales puedan disponer de esos fondos.

La exigencia de que el Gobierno apruebe ya un real decreto que libere los fondos, como se hizo por ejemplo en diciembre con la actualización de las pensiones, fue general y el PSOE avisó a Montserrat de que, si el reparto y la transferencia del dinero no estan hechos antes del verano, los programas que tienen que financiar pueden quedar paralizados durante un año.

La ministra rechazó las críticas y defendió que, muy al contrario, a solo un mes vista de la aprobación oficial del pacto de Estado, «el ritmo de ejecución de las medidas es positivo», porque se han iniciado los trabajos para aplicar la mitad de los puntos del acuerdo. Las que aún están a la espera, aclaró, es porque precisan de cambios legislativos que ya están en preparación o deben ser ejecutadas por otros organismos distintos del Gobierno.

La titular de Igualdad indicó que un grupo de técnicos gubernamentales ya trabaja en la elaboración de los 71 medidas que requieren de cambios legislativos -un tercio del total-, con especial prisa en el proyecto de reforma de la ley contra la violencia de género, que incorporará 20 modificaciones. Este equipo también prepara las modificaciones para suspender las visitas y la custodia de los hijos a los maltratadores y en el reconocimiento como víctimas a todos los efectos de las mujeres a las que su pareja o expareja ha asesinado a sus hijos.

Otro grupo técnico con las autonomías, destacó, tiene ya bastante avanzados los criterios que se usarán para habilitar como víctimas -con todos los derechos y prestaciones que otorga la ley- a las maltratadas aunque no han presentado denuncia, que es una de las medidas clave, pues solo un tercio dan el paso.

Está también previsto aprobar en el primer trimestre del año, señaló, los protocolos y la formación para la detección precoz de la violencia machista y de la trata de blancas a través de los profesionales de la salud y un convenio, con igual objetivo, con las 20.000 farmacias.

También destacó la mejora de la lucha contra está lacra en la etapa del PP, y puso como ejemplos que hay 6.300 maltratadores encarcelados, un 50% más que en 2011, y que la policía protegió a un 41% más de víctimas.