Un tribunal permite al Open Arms entrar en Italia

El tribunal adopta la decisión «para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica». Además de las urgencias sanitarias y psicológicas de los migrantes, el buque se enfrentaba ayer a un temporal con olas de más de dos metros.

En la práctica, la justicia italiana ofreció inmunidad al Open Arms frente al decreto aprobado hace pocos días por el Gobierno de Roma que castiga con multas millonarias y hasta penas de cárcel a los responsables de las ONG que lleven inmigrantes a sus puertos.

El tribunal abrió una ventana que el barco español aprovechó de inmediato.«Estamos a 30 millas de Lampedusa, nos vamos a acercar más y vamos a entrar en aguas territoriales italianas. Vamos a solicitar acercarnos pero ahora no hay ninguna prohibición», confirmó Òscar Camps, fundador de la ONG española. No obstante, no se entrará en el puerto hasta que se reciba la autorización oportuna.

Ahí es donde podría intervenir Matteo Salvini. El ministro del Interior italiano aseguró las últimas dos semanas que no permitiría la entrada del barco de la ONG española en aguas de su país, y ahora tras el varapalo judicial podría vetar el desembarco. Salvini criticó con dureza que un juez decida sobre un asunto como éste y avanzó que firmará una nueva orden para frenar al Open Arms.

El desafío del Open Arms ha golpeado de lleno en un Gobierno socialista que hace un año estrenó su política migratoria con la acogida del Aquarius. Que al Ejecutivo le incomoda sobremanera la situación, y la determinación de la ONG española por desembarcar en Italia o Malta, lo demuestran las duras declaraciones de José Luis Ábalos. «Me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión», dijo el pasado fin de semana el ministro de Fomento en 'El País'.

El Gobierno se defiende de las críticas, que le han llegado principalmente por la izquierda, y asegura que ningún otro país europeo salva más migrantes en el mar que España. Pero también apunta que los puertos españoles no pueden ser los únicos seguros del Mediterráneo. Argumentos legales no le faltan a esta segunda afirmación. En efecto, la ley internacional del mar obliga a cualquier barco a asistir a los náufragos y ponerlos después a salvo en el puerto más cercano. El problema es que al ultra Salvini la legislación internacional en materia migratoria le importa bien poco.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto así atrapado entre las autoridades de Roma, que amenazan con la cárcel y multas millonarias a los miembros de Open Arms, y una ONG decidiaa desembarcar en la isla de Lampedusa y que ha esperado hasta que un juez le ha dado permiso para hacerlo.

El presidente del Gobierno, que la semana pasada se reunió con decenas de colectivos, ha rechazado por tres veces reunirse con el fundador de Open Arms, según informó el mismo Òscar Camps. La ONG asegura sentirse desprotegida por España, a la que pidió que moviese ficha a pesar de que la zona del Mediterráneo donde se produjeron los rescates no sea de su responsabilidad.

En concreto, Camps ha estado días solicitando a Madrid que inste a la Unión Europea a coordinar una solución que podría pasar por el desembarco en Italia y el reparto posterior de los migrantes entre los estados miembros.

Con quien sí contactó el Open Arms fue con los gobiernos francés y alemán, según reveló este miércoles Camps. «El presidente francés -dijo en una entrevista en la cadena Ser- recibió la información y la respuesta que hemos obtenido es que se ponía en marcha».

El problema para el Gobierno socialista continuará aún cuando se resuelva de forma definitiva la actual crisis del Open Arms. Otro barco de rescate con bandera española, el Aita Mari, tiene previsto partir hacia el Mediterráneo occidental la próxima semana. Para colmo, según las encuestas en el país transalpino, en cuestión de meses Salvini podría convertirse en el nuevo primer ministro de Italia