Once menores imputados por acosar a un compañero que intentó suicidarse dos veces

El caso se dio a conocer después de que la madre del menor interpusiese una denuncia ante la Fiscalía de Menores. Tras analizar los hechos y tomar declaración a los presuntos responsables y a la víctima, además de a otros testigos, se decidió imputar a un total de once chicos y chicas de entre 14 y 16 años por 'bulling'. La víctima, de la misma franja de edad, afirmó que entre 2021 y 2022, sus compañeros de clase le sometieron a «insultos, amenazas y humillaciones» de forma continuada. La situación alcanzó tal punto que se intentó suicidar en dos ocasiones, llegando a estar ingresado en un centro hospitalario. Finalmente dejó de asistir a clase.

La responsable de la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa explica que en este caso no se produjo «un solo hecho de gravedad», sino que fueron «un conjunto de hechos, durante tanto tiempo, con casi toda la clase implicada», lo que provocó que la víctima «explotara». Tampoco se dieron agresiones físicas, sino que fue un acoso consistente en empujones, zancadillas, insultos, amenazas… «Te voy a pegar», es lo que más le decían. «Individualmente cada hecho no es grave, pero en el contexto de haberse dilatado en el tiempo y con la acción fuerte del grupo, lo convierten en un caso grave de acoso escolar», insisten desde Fiscalía. De hecho, tal y como se recoge en su última memoria, los problemas de salud mental están aumentando entre los menores, con un incremento de los intentos de suicidio, detrás de los cuales «hay acoso escolar».

Los once menores están acusados de un delito contra la integridad moral y otro de amenazas leves, ya que el acoso escolar no está tipificado como tal en el Código Penal. Por estos hechos la Fiscalía pide que se les condene a un año de tareas socioeducativas, consistente en una formación para la reeducación y sensibilización en la materia de acoso escolar. No obstante, advierten de que este tipo de delitos están penados por cárcel, por lo que en caso de que no cumpliesen debidamente con esas tareas, «se podrían imponer medidas de internamiento».

Además, solicita que se indemnice a la víctima por el daño moral causado, una responsabilidad civil que se solicita imponer a los padres, si bien subsidiariamente (en caso de que estos no la abonasen), se pide que sea el Gobierno vasco, como responsable del centro escolar, el que se haga cargo de la misma. Y es que en este caso, la Fiscalía considera que «no hubo una respuesta suficiente del colegio» a la hora de abordar esta situación y considera que es responsable de lo que se denomina en el Código Civil 'culpa in vigilando', que literalmente significa 'culpa en la vigilancia'. Este artículo impone que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

«No se actuó con toda la diligencia que cabía esperar en un caso como este», afirma la portavoz delegada de Menores del Ministerio Fiscal, que indica que todas las agresiones se produjeron dentro del colegio, ya que no hubo acoso a través de las nuevas tecnologías, como suele ser habitual actualmente. «Un grupo muy importante de la clase le insultaba y le ridiculizaba, sometiéndole a continuas humillaciones», sin que hubiese una intervención por parte del centro escolar. Una vez interpuesta la denuncia ante la Fiscalía, el colegio puso en marcha el correspondiente protocolo por un caso de acoso escolar, pero desde el Ministerio Público consideran que «no se actuó de forma activa» en la intervención.«Por esa razón reclamamos que el Gobierno vasco se haga responsable de forma subsidiaria», señalan desde Fiscalía.

El juicio, aún por señalar, está previsto que se celebre antes del mes de diciembre. Será en el Juzgado de Menores y a puerta cerrada, para preservar las identidades de los adolescentes. Por su parte, tras abandonar el centro en el que estudiaba, el menor que sufrió el acoso fue matriculado en otro colegio guipuzcoano, en el que sigue estudiando.