Omella: «La autodeterminación de género carece de fundamento médico y científico»

Juan José Omella pronunció el discurso de apertura del encuentro, en cuyo transcurso los mitrados elegirán nuevo secretario general del episcopado, cargo que hasta ahora ha ocupado Luis Argüello y al que renunció el dirigente cuando fue nombrado arzobispo de Valladolid.

El cardenal dirigió sus dardos no solo contra la ley trans, sino también contra la del aborto, dos normas que están siendo con celeridad y sin la calma necesaria, según la Iglesia. «En este difícil contexto, se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad».

Omella sostuvo que la iniciativa que regula el aborto «refuerza el derecho del fuerte sobre el débil». El presidente del episcopado demandó que las administraciones informen a la mujer que desee interrumpir su embarazo de las «consecuencias de su decisión» y de las ayudas que recibiría en caso de que quisiera seguir adelante con la gestación. «¿Por qué estas prisas? ¿Por qué este intervencionismo estatal?», lamentó el purpurado, que alegó que estas propuestas «no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en la belleza y el sentido de la sexualidad».

El cardenal sostuvo que la juventud muestra síntomas de sufrimiento, problemas que se agudizan por la «inestabilidad familiar y la crisis de identidad provocada por las ideologías de género».

El presidente del Episcopado argumentó que Iglesia quiere cooperar «activa e intensamente con las administraciones públicas», sobre todo al advertir que las «respuestas políticas se atascan y no fluyen para encontrar soluciones a los graves problemas sociales».

Para el prelado, la sociedad española vive un tiempo que exige grandes acuerdos ante una crisis que se traduce en el encarecimiento de los precios, aumento de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, precariedad laboral, soledad no deseada y graves carencias de la protección de la dependencia, con enormes listas de espera, tanto en el acceso a prestaciones como en la evaluación de la autonomía de los pacientes. «Muchas familias ven cómo sus salarios o prestaciones sociales son insuficientes, o, incluso, carecen de ellas, y sufren la angustia de no poder llegar a fin de mes, ni cubrir sus necesidades básicas. Ante esto, la crispación política no ayuda a resolver los problemas», dijo Omella.

Según el purpurado, es necesario acometer la solución a retos urgentes. Entre ellos se encuentran reducir la burocracia que ralentiza el acceso a ayudas sociales y aplicar políticas que fomenten la natalidad y ayuden a las familias.

El presidente de la Conferencia Episcopal pidió la implementación de soluciones valientes e imaginativas que pongan fin a lo que llamó «invierno demográfico». «Serán imprescindibles unas políticas de acogida y ordenada de inmigrantes para que puedan integrarse dignamente en nuestra sociedad». Omella subrayó que España necesita a los trabajadores extranjeros, si bien es necesario planificar su llegada para protegerlos de la explotación y los abusos.

Omella hizo una apuesta explícita por la firma de un «gran pacto de rentas» para superar lo que se avizora como una larga travesía por el desierto. «La crisis reclama acuerdos efectivos de los grandes partidos y de los agentes sociales para combatir la pobreza, para preservar y generar nuevos empleos y para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de bienestar».

El cardenal urgió la implementación de una verdadera política de cuidados paliativos y abogó por el apoyo a los más vulnerables. «Una sociedad que no cuida a los más frágiles es una sociedad que está en vías de extinción», proclamó.

La asamblea plenaria de los obispos elegirá este miércoles a un nuevo secretario general, que sustituirá en el cargo a Luis Argüello, después de que este presentara su renuncia al ser nombrado arzobispo de Valladolid. Argüello, de 69 años, ha tenido que hacer frente al escándalo de la pederastia clerical, la inmatriculación de bienes eclesiásticos o la exhumación de los restos de Franco. Su sustituto será seleccionado por un periodo de cinco años, si bien se puede renovar el mandato para un segundo quinquenio. El nuevo cargo decidirá si desempeña también las labores de portavoz.