Cada ocho minutos muere un dependiente en lista de espera

El llamado «escudo social no protege a los dependientes». La organización asevera que el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado en un solo euro la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. «Se está abandonando sin atenciones a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento», argumenta la asociación.

En lo que va de año, 118.357 personas en situación de dependencia han fallecido en España, lo que supone 28.410 más que en el mismo periodo del año pasado. A todo ello se une el hecho de que casi la mitad (48%) de los dependientes beneficiarios del sistema que murieron en este año vivían en residencias. Así, se anotaron 46.542 defunciones, lo que representa 18.022 fallecidos más que en el primer semestre del año pasado. De las 97.944 beneficiarias del sistema de atención que perecieron en este año, 28.520 tenían la prestación de residencias (un 29%) y unos 18.247 tenían una prestación vinculada al servicio residencial (19%).

«Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país», denuncian los directores y gerentes de servicios sociales. «El Gobierno de España -prosiguen estos profesionales- debe incrementar de manera urgente y sin esperar a los presupuestos la financiación de la dependencia».

Por territorios, la mortalidad observada en personas dependientes presenta grandes variaciones. La tasa de fallecimientos registrados en individuos atendidas en todo el país se cifra en un 5,2% para el periodo que va de marzo a mayo, si bien en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha alcanzan el 8% de muertos, mientras que en Melilla y La Rioja se sitúan en torno al 2%.

A la vista de los datos de este estudio ministerial en los tres meses del confinamiento, se concluye que el 4,4% de los solicitantes del sistema de ayuda a la dependencia perdieron la vida entre marzo y mayo (81.232 personas fallecidas), lo que representa un incremento del 61% de la mortalidad esperada. Por franjas de edad, el 83% de los muertos en exceso tenía 80 o más años. Además, el mayor impacto se observa en los grandes dependientes (los que requieren el apoyo indispensable y continuo de otra persona), en los que la tasa de fallecidos se duplica y sube hasta el 9%.

«Los gobiernos autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento», aduce la organización. La tasa de personas dependientes fallecidas en residencias fue del 12,3%. Por comunidades, las cifras más altas se registraron en la Comunidad de Madrid (22% de personas dependientes con prestación en residencia fallecidas), Castilla-La Mancha (17%) y Cataluña (16%). Las menores tuvieron lugar en La Rioja (4,3%), Canarias (5%) y Andalucía (7%).

La asociación considera imprescindible monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento. En este sentido, apuesta por implantar protocolos de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios que garanticen la prestación de los residentes, especialmente desde los centros de atención primaria. Como se ha puesto de manifiesto con la crisis del covid-19, es preciso diseñar «corredores seguros» para poder establecer los drenajes necesarios en las residencias a fin de atender a los ancianos, según la gravedad de su estado, en hospitales o centros sociales.

Según los gerentes, va siendo hora de reorganizar el servicio de ayuda a domicilio e implantar la teleasistencia a las personas mayores que vivan solas. Todo ello debe culminar con el establecimiento de un sistema estatal de información de los servicios sociales que permita evaluar la eficacia del modelo de atención a la dependencia.

Desde hace tiempo, la organización demanda que se invierta en el sector. «Es inexplicable», denuncia, «que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, lo que permitiría atender las listas de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo». Este esfuerzo financiero también debe comprometer a las comunidades autónomas.