Los obispos aprueban un plan de reparación sin la presencia de las víctimas de abusos

Un obispo solo obedece a Roma, de modo que puede hacer caso omiso de las peticiones de la jerarquía católica para pagar una indemnización. Para salvar esta laguna, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aduce que «si una puerta estrecha se cierra, otra grande se abre», lo que induce a pensar que la Iglesia en su conjunto asumirá el coste de la reparación. «Si llegara el caso, que no lo creo, de que un obispo o un provincial rechazara dar una indemnización, asumiríamos esa deficiencia», dijo el presidente de Confederación Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

La iniciativa, llamada Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (Priva), tiene como piedra angular la creación de una comisión asesora. Esta entidad será la encargada de evaluar cada caso y de cifrar, si procede, la cuantía de la indemnización y otras medidas de acompañamiento, como terapia psicológica o atención espiritual.

El organismo, que ha concitado las críticas de las organizaciones de víctimas porque estas carecen de representación directa en él, podrá convocar a un representante de una asociación, pero solo en calidad de «invitado». La comisión estará formada por diez expertos: cuatro proceden del ámbito médico forense, otros tantos del jurídico, más un miembro del episcopado y otro de la Confer.

Luis Argüello lanzó dos mensajes de manera insistente. La mayoría de los damnificados por las agresiones sexuales en la Iglesia no forman parte de las asociaciones de víctimas, lo que no es óbice para que se busque un canal de comunicación con el fin de que se los escuche.

Y como segundo argumento, Argüello dijo que es verdad que la Iglesia ha actuado de forma unilateral, como dice el Gobierno, pero ello no significa un desdoro sino un elogio. «Hemos sido unilaterales, claro que sí, hemos dado un paso al que no estamos obligados jurídicamente», sentenció Argüello, que aseguró que los mitrados actúan atendiendo a un deber moral. «Y eso que han querido utilizar como reproche es en realidad un reconocimiento, apostilló.

A la vista de que el plan no es de obligado cumplimiento, Moncloa quiere erigirse en garante de la justicia a las víctimas y plantea la creación de un organismo parecido pero con la participación del Estado y las víctimas.

Argüello pidió «respeto» a la independencia de la Iglesia, después de que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reprendiera a los obispos por carecer su iniciativa de poder coercitivo. «La Iglesia en España tiene sus reglas de funcionamiento, para las que pedimos respeto por parte de toda la sociedad y las administraciones», alegó. «Nosotros también tenemos nuestro boletín, pero no es el BOE», zanjó el presidente de la Conferencia Episcopal.

En lo que atañe a la cuantía de las indemnizaciones, será la comisión asesora la que fije su valor, en colaboración con la Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la CEE, atendiendo a los criterios orientadores de otras conferencias episcopales.

«Un Gobierno democrático deber respetar las reglas del juego», sentenció el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid. «Al Gobierno de la nación quizás haya que recordarle que tiene la responsabilidad de proteger a todas las víctimas que se dan en el país», sostuvo.

El plan está pensado para resarcir a las víctimas cuyos casos han prescrito o el agresor ha muerto. Trata de dar respuesta a esos supuestos en lo que el superviviente no dispone de asideros porque se han agotado las vías civiles y penales. «Muchos de los casos que hemos conocidos ocurrieron antes de los años 90», argumentó.