Nueve de cada diez víctimas de delitos de odio no denuncian

Nadie o casi nadie habla de ello. Las víctimas, por miedo, vergüenza o desconfianza en la policía. Los verdugos, en el 81% de los casos hombres, por mantener su tradicional impunidad. Pero lo cierto es que la escalada de estos delitos, que pueden conllevar penas de cárcel de seis meses a cuatro años, multas e inhabilitaciones profesionales por hasta más de una década, es imparable. Lo admite el propio ministro del Interior. «Desde hace años vivimos un incremento objetivo y constante de las conductas de odio –señala Fernando Grande-Marlaska–. Una realidad ante la que Interior no va a permanecer impasible».

En 2020, el año del confinamiento y las grandes restricciones horarias y de movimientos, estos delitos registraron descensos en España (-18%) en línea con el resto de las formas de criminalidad. Una realidad «desvirtuada» por la menor interacción social obligada por la pandemia.

Pero fue solo una paréntesis estadístico, un espejismo. En los primeros seis meses de este año, con la vuelta a la casi normalidad, los delitos de odio denunciados en España se incrementaron el 9,3% respecto a igual período de 2019, cuando a su vez crecieron el 6,8% con referencia a los mismos meses de 2018. A este ritmo, 2021 acabará por encima de las 1.500 denuncias.

Los móviles más reiterados en los ataques, lesiones, discriminaciones o acciones de incitación al odio son el racismo y la xenofobia, la fobia ideológica, y los actos contra la orientación sexual o la identidad de género que ignoran los corsés sociales más obsoletos. Solo estos tres móviles principales, que en ocasiones llegan combinados, suman el 80% de los delitos, pero también hay actos machistas, aporofóbicos, contra enfermos o de sectarismo religioso extremo.

El escenario más habitual del odio es la vía pública, pero también las viviendas, los locales de hostelería y ocio y, en menor medida, centros deportivos y lugares de culto. 

La enorme alteración de la vida social provocada por el coronavirus hizo descender las denuncias por todos los grandes móviles de odio, pero, por contra, disparó uno muy concreto: la violencia visceral contra los discapacitados. Interior pide «cautela» para interpretar este dato, pues arguye que aún no tiene una explicación concreta que dar. Las denuncias por estos ataques pasaron de 26 en 2019 a 44 en 2020. En términos absolutos no son muchas, pero proporcionalmente son un mundo. Un crecimiento del 69,2%. Ese aumento coincide, entre otros hechos, con las múltiples denuncias de asociaciones de discapacitados por insultos, amenazas e incluso agresiones de la llamada 'policía de balcones' u otros exaltados contra chicos autistas y con otros trastornos de conducta o discapacidades que salían a la calle con autorización en el confinamiento y la desescalada.

Grande-Marlaska quiere divulgar datos como que el 76% de los que denunciaron están satisfechos de haber dado el paso o que el 66% de los delitos conocidos fueron esclarecidos para romper el tabú y que las víctimas acudan a comisaría. Para reforzar la lucha contra esta lacra anuncia que aumentarán la coordinación y colaboración con las organizaciones de víctimas en un segundo plan de acción nacional y que expertos en estos delitos asesorarán a los investigadores en los casos más relevantes.