Las nuevas residencias: habitación individual, grupos reducidos y más cuidadores

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, y los responsables autonómicos han cerrado hoy, por la mínima y tras tensas y duras negociaciones, un acuerdo que podría calificarse de revolucionario en un país que cada vez tiene una población más envejecida. Reunidos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales han pactado, por diez votos a favor y nueve en contra, el nuevo documento de requisitos mínimos para la acreditación y control de calidad de los centros y servicios que atienden a los dependientes, con especial protagonismo del nuevo modelo de residencias de mayores y de discapacitados, pero también con notables cambios en la atención domiciliaria, los centros de día y la teleasistencia. Belarra lo tiene claro: «Es uno de los acuerdos más importantes de la legislatura».

El acuerdo ha contado con el voto en contra de cuatro de las autonomías del PP (Madrid, Murcia, Andalucía y Galicia) y de la socialista Castilla-La Mancha, que lo consideran de máximos y sin financiación, y de Cataluña y Euskadi, que creen que invade competencias. Las socialistas de Extremadura, que hace un mes bloquearon el pacto al sumarse al veto de las populares, engrosaron hoy el sí tras saber que se negocia con Hacienda que unos 4.000 millones de los fondos europeos se destinen entre 2023 y 2026 a financiar las reformas y adaptaciones precisas en las residencias antiguas.

El cambio de modelo no es ajeno al escándalo social desatado tras conocerse las lamentables condiciones en las que se vivía en muchísimas residencias de mayores de este país, sacadas a la luz por la terrible mortandad causada en estos centros por la pandemia de coronavirus. Masificación, falta de personal y de cualificación de los cuidadores, desconexión con los servicios públicos de salud, deshumanización, desatención o ausencia de controles de calidad fueron algunos de los males más repetidos, lo que llevó al cierre de algunas residencias y a cientos de denuncias ante los tribunales.

Los nuevos mínimos buscan decir adiós al vetusto concepto de asilo e inaugurar el de hogar colectivo, donde la norma general será el tamaño familiar y la atención personalizada. Estos son algunos de los cambios más importantes:

Un sitio lo más parecido a un hogar. Será la estructura básica organizativa de cada residencia. Grupos de convivientes estables con ese número máximo, con los mismos cuidadores y educadores e instalaciones propias (sala de estar, comedor, cocina), conexión a internet y estancias personalizadas y decoradas al gusto de los usuarios. El modelo rebaja la ansiedad y la depresión, reduce el uso de psicofármacos y aumenta la movilidad y las relaciones.

Las nuevas residencias deberán tener al menos el 65% de habitaciones individuales con baño adaptado y el resto dobles. Podrán personalizarse con los objetos y muebles del residente. En el caso de las actuales, esta exigencia no será obligatoria para las de menos de 35 plazas y el mínimo de cuartos individuales podrá no pasar de un 25% en ciudades y de un 10% en zonas rurales.

Se establece un calendario progresivo para el aumento de personal de atención directa a los residentes, que en 2029 deberá haber logrado un crecimiento del 60% en los centros de mayores y del 20% en los de discapacitados (donde ya hoy es más exigente). La ratio de las residencias de mayores pasará de 0,27 cuidadores por residente a 0,43 en no más de siete años, lo que supone que haya prácticamente un cuidador por cada dos internos.

El tamaño de las residencias nuevas mermará. Se acabaron los macrocentros. El tope será de 120 plazas en las instalaciones de mayores ubicadas en las ciudades y de 50 en las de discapacitados. Los centros de jubilados de áreas rurales no podrán tener más de 75 internos y los de los pueblos no pasarán de 90.

En un plazo máximo de tres años ningún centro de mayores o discapacitados podrá usar sujeciones físicas, mecánicas o farmacológicas para inmovilizar o controlar a sus residentes. La excepción, si se da el caso, será una situación de urgente necesidad en la que corra peligro físico el propio residente, un cuidador o un tercero y en la que se hayan agotado otras alternativas menos agresivas.

Los nuevos centros deben estar próximos a espacios de actividad social y comunitaria. Nada de aislar a los mayores, la preferencia es el suelo urbano. Los internos tendrán las mismas facilidades de acceso a los centros de salud y hospitales públicos que el resto de vecinos de su barrio.

Los centros deberán realizar planes de convivencia personalizados, con atención a las preferencias de vida y ocio del residente, para poder darle los apoyos y cuidados necesarios. También deberán ofrecerle ayuda para hacer testamento vital y recoger sus últimas voluntades.

La dirección del centro creará un órgano de asesoramiento, consultivo y con competencias para hacer propuestas de mejora que estará formado por representantes elegidos por y entre los residentes (y en su caso también por familiares).

El acuerdo obliga a los servicios de inspección de las autonomías a evaluar la calidad de funcionamiento y el cumplimiento de los parámetros mínimos en todos los centros, evaluaciones que serán públicas y que tendrán repercusión en la firma o renovación de conciertos.

Se dará protagonismo a familiares y allegados en el proceso de adaptación al centro, habrá canales de comunicación permanentes, reuniones de intercambio periódico de información y las visitas serán libres siempre que se desee.

El personal de todos los niveles tendrá que tener cualificación profesional acreditada, recibirá planes de formación y se favorecerá con más financiación a los centros que disminuyan la temporalidad y las jornadas parciales de sus plantillas. Todos tendrán que estar dados de alta en la Seguridad Social o en el régimen de autónomos.

Aunque el grueso del acuerdo se centra en las residencias, prevé muchas medidas de refuerzo de la atención a domicilio de dependientes, pues su casa es el lugar donde quieren residir la inmensa mayoría de los mayores españoles. La asistencia se dará a través de pequeños equipos de proximidad, que atenderán a las mismas personas de las mismas zonas para minimizar desplazamientos y rotaciones y poder dar un trato más personal y familiar. El acuerdo prevé aumentar de aquí a 2023 lo suficiente la plantilla como para poder cumplir una ratio mínima de 7,20 trabajadores por cada 1.000 horas de asistencia mensuales. Los coordinadores de este servicio deberán realizar al menos una visita domiciliaria al beneficiario cada año y los cuidadores dispondrán de un 5% del tiempo para tareas de organización del servicio.

Los centros de día para mayores y los de discapacitados tendrán un notable aumento de personal antes del 31 de diciembre de 2023. Los primeros elevarán la ratio de personal por cada cliente un 31% (hasta alcanzar 0,25), lo que supone un profesional por cada cuatro residentes, y los segundos elevarán la plantilla en igual plazo en un 36% (hasta alcanzar la ratio 0,30), o lo que es lo mismo, tres profesionales por cada diez usuarios.