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Tras el asesinato de sus madres en manos de sus parejas o ex, que en ocasiones eran sus propios padres, 36 niños quedaron huérfanos el ... año pasado. En 2023 fueron 58 menores de edad que además vivían en un «entorno de violencia» que «condiciona su bienestar». «Tras la muerte de sus madres, su situación de vulnerabilidad no hace más que incrementarse», mantiene el VIII Informe Anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla, elaborado por la Fundación Mujeres. Al dolor emocional se suma la burocracia, enumera el documento: trámites sucesorios, acogimiento y petición de ayudas, que se suma al proceso judicial.
A pesar de que este tipo de violencia contra la infancia es una constante año tras año, «no existe un registro o base de datos unificado que permita llevar un seguimiento ordenado de las cifras de personas huérfanas a causa de la violencia de género», advierte la secretaría técnica del fondo de becas, al cruzar las cifras de las instancias oficiales encargadas de este conteo macabro. Entre enero de 2003 y diciembre de 2024 se cuentan 1.862 huérfanos, calculan los autores del informe, «de los cuales 969 serían menores de edad y 893 mayores de edad», sin incluir a los adultos huérfanos del año pasado.
Quiénes son estos huérfanos. Gracias a los datos de los beneficiarios de las Becas Soledad Cazorla se puede trazar un microuniverso de niños que perdieron a sus madres, y se puede trazar un perfil de los más vulnerables de la violencia machista. El 63% cursa ciclos de educación infantil, primaria y secundaria, y un 36,59% estaba en bachillerato, formación profesional o la universidad. Por sexos, hay paridad, con un 47% de niñas y un 53% de niños.
Estos últimos dos períodos se otorgaron 82 becas (46 en 2023 y 36 en 2024, por un total de 157.000 euros). De ellas, el 43% era para nuevos beneficiarios y el resto, renovaciones de la ayuda, lo que se traduce en 22 familias. La ayuda, además de económica, comprende también asesoramiento legal, sobre la fiscalidad de la herencia, la indemnización y ayudas a las que tienen derecho, el cambio de apellidos, la pensión o las prestaciones, la tutela de quienes les acompañarán y cuestiones referentes a los juicios, que, alertan, pueden demorar «en varias ocasiones» más de cuatro años, tiempo límite para la prisión provisional.
Frente a la renovación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, el fondo de becas y la Fundación Mujeres demandan «mayor celeridad en el desarrollo de los procedimientos judiciales», la «aplicación de medidas adecuadas de la protección patrimonial» y «garantizar el alejamiento (de los asesinos) a los niños y las niñas y de las personas que se hacen cargo de su cuidado hasta superar al menos la mayoría de edad».
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