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José Ramón Villalba
Granada
Miércoles, 31 de mayo 2023, 17:44
La edil socialista secuestrada por la expareja de la actual alcaldesa en funciones, Berta Linares, de Maracena rompió relaciones con Noel López, cuando este era el regidor de Maracena, por la negativa a conceder la licencia para la apertura de una gasolinera junto a los ... terrenos de Jimesa en el municipio maracenero. En la declaración de la víctima del secuestro relata las presiones a las que se vio sometida para firmar una licencia que presuntamente incumplía todos los requisitos legales. Finalmente no firmó y eso conllevó que la apartaran del área de Urbanismo. En su declaración, hace constar que Noel López se mostraba muy angustiado con este asunto porque temía que «lo rajaran» si no accedía a la concesión de esta licencia. Tras la llegada de Berta Linares a la alcaldía, apenas dos meses después, esta gasolinera comenzó a funcionar. Todo ello abrió una brecha insalvable entre la víctima del secuestro, Noel López y Berta Linares, tal y como se recoge en la declaración.
Otro de los asuntos que la Guardia Civil está investigando para comprobar si hay o no fraude de ley es la construcción de un polideportivo con piscina en la ciudad deportiva de Maracena. La edil secuestrada dice en su declaración que el Ayuntamiento de Maracena le entregó cinco millones de euros a la empresa que gestiona este centro sin que existiera ningún informe técnico de viabilidad económica y sin que pasara por el pleno municipal. Este es uno de los expedientes que la víctima llevaba en su vehículo cuando fue secuestrada y que la Guardia Civil examina ahora para comprobar si se ajustaba a la legalidad o no.
Vanesa Romero, la edil secuestrada, también portaba otros documentos en su coche que los investigadores analizan con lupa para saber si se ajustaban a un fraude de ley o no.
Hay documentos también sobre la construcción del centro de salud y del centro de participación activa, que supuestamente, tal y como ella ha declarado, se adjudicaron de forma directa a una mercantil, sin que conste una licitación previa para la edificación de ambos centros, así como una «valoración (económica) excesiva» para construirlos.
También hay un expediente de unos talleres que, según ella, no se tramitó de forma adecuada y el sitio elegido para esta actividad no era el idóneo. Los investigadores también analizan otro expediente sobre una presunta ilegalidad ligada con las retribuciones económicas de los coordinadores de los grupos políticos municipales.
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