Los municipios podrán cobrar a los vehículos por entrar en el centro

Hoy en día apenas existen dos ZBE en España, en Madrid y en Barcelona, si bien la ley de cambio climático obliga a los 149 municipios de más de 50.000 habitantes -y a los de más de 20.000 más contaminados- a crear áreas de este tipo antes de que termine este mismo año. La llamada tasa de congestión pretende cobrar una cantidad a los vehículos que se adentren en un área, si bien se suelen arbitrar excepciones. En Londres, una de las primeras urbes que puso en marcha la medida, cualquier vehículo que acceda entre las siete de la mañana y las seis de la tarde en días laborales paga una cantidad fija, que ya asciende a 18 euros. Los residentes se benefician de un descuento del 90% y las personas con discapacidad pueden circular gratis. Con este nuevo sistema, el volumen de tráfico en el centro ha bajado en más un tercio a lo largo de dos décadas.

La ley, que pretende descarbonizar el transporte, concede la potestad al Gobierno de realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso del coche en la red de carreteras del Estado en aras a garantizar su mantenimiento. Según destacó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el nuevo modelo de pago se hará mediante el «consenso entre los agentes implicados». «La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor», subrayó la titular de Transportes.

La futura norma, con la que el Ejecutivo aspira a cumplir los objetivos internacionales de reducción de gases causantes del cambio climático, pretende revertir la situación. En la actualidad, el trasporte genera el 30% de los gases que contribuye al efecto invernadero, mientras que las carreteras representan el 90%. Por ello, las nuevas directrices obligará a las empresas con 500 o más trabajadores a diseñar planes de movilidad sostenible que faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el desplazamiento diario al trabajo. La ley apuesta por que las ciudades prioricen la «movilidad activa» (caminar, ir en bici), por ser la opción más saludable y exenta de emisiones. Premia además el transporte público colectivo, como una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía.

La ley define la movilidad limpia y saludable como un «derecho social», lo que trae como consecuencia la creación de un sistema de transporte digital e innovador y una apuesta por invertir con mejores criterios. En ese sentido, la nueva normativa contribuirá a que los núcleos urbanos reduzcan el impacto ambiental de sus edificios y mejoren su eficiencia. La norma pretende mejorar la movilidad en entornos rurales o de baja densidad de población.

El texto dispone que el Gobierno implantará un plan nacional de impulso al uso de la bicicleta. «[...] el papel de la bicicleta se presenta como una opción de transporte absolutamente sostenible, cuya utilización, en general, redunda en la mejora de la salud de las personas [...]», dice la ley.