Multa o prisión por los delitos al volante

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se encuentra inmersa en esa reforma, para lo que ha estado sondeando la opinión de expertos y afectados por este tipo de accidentes de tráfico. Además de los peatones, uno de los grupos más afectados por estos siniestros son los usuarios de la bicicleta.

El presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Cedrón, considera que «hay que concienciar sobre la extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el usuario de la bicicleta y reducir las cifras de accidentes». «En casos de atropellos, la víctima se encuentra desamparada doblemente. Por un lado, las consecuencias son siempre más graves para el ciclista y por otro, las normas jurídicas no les defienden bien», explica.

Por todo ello, el responsable federativo reclama unas leyes que «no creen situaciones de una alarma social». «Todo el colectivo ciclista apoya la reforma del Código Penal, ya que tras la despenalización de las faltas de imprudencia en julio de 2015 las víctimas han de someterse a un calvario para poder recabar sus indemnizaciones y, además, quien causa un accidente en la inmensa mayoría de los supuestos queda impune», señala Cedrón.

Pero es más, según recuerda el presidente de la Federación Española de Ciclismo, esa situación se ve agravada si el causante del accidente se da a la fuga, «algo que desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia» cuando las víctimas son ciclistas o peatones.

De esta manera, el colectivo ciclista reclama la vuelva al Código Penal de la imprudencia en cualquiera de sus grados, con resultados de lesión o muerte, además de que sea tipificado un delito específico para quienes se dan a la fuga. También solicitan la revisión del concepto de imprudencia grave y que «siempre exista dolo eventual cuando el conductor que provoca el accidente haya consumido alcohol o drogas».

Quién no está de acuerdo con el texto de la reforma del Código Penal planteada desde el legislativo respecto a la imprudencia con resultado de lesiones o con la fuga y omisión del deber de socorro es el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Vargas se mostró siempre al lado de las víctimas, pero consideró que la despenalización de las faltas «fue correcta».

El fiscal de Seguridad Vial sí reconoce que al despenalizar la imprudencia leve «disminuyen los procedimientos penales si el herido no muere», lo que se traduce en una desigualdad a la hora de abordar judicialmente el asunto. Para solventar esta situación, Vargas recomienda a los legisladores que modifiquen la ley de enjuiciamiento civil, para abrir la puerta a que esas víctimas que ahora están fuera de la legislación penal puedan reclamar sus derechos en unos juicios de faltas civiles.

El cambio, según el acusador público, beneficiaría a víctimas de atropellos como peatones o ciclistas, que carecen de seguro de accidente, a diferencia de los usuarios de los vehículos a motor, y que «se encuentran en situación de indefensión».

Además, el fiscal de Seguridad Vial observa «cierta descoordinación» al proponer ahora la reforma de la ley, e insiste en que es «urgente» habilitar ese cauce civil. «Hay que oír y entender a las víctimas», dice, con especial énfasis en las que se encuentran en una «situación vulnerable», económica o social.

Respecto a los casos de fuga, Bartolomé Vargas es partidario de aumentar la sanción administrativa y de «perfeccionar» los conceptos del grado de las lesiones. El abandono de una víctima está castigado en la ley de Seguridad Vial, por lo que sugiere que esos conductores puedan perder todos los puntos del carné de conducir. En este momento, la fuga solo está castigada con una multa de 200 euros.

Vargas advierte también de que debe tenerse en cuenta si esos conductores han cometido antes un delito, como es conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.