Las mujeres son mayoría en los juzgados, pero solo ocupan un quinto de los cargos relevantes

La publicación del informe coincide con la polémica desatada por la ausencia de expertas en el órgano asesor al que el ministro de Justicia encargó estudiar si era necesario reformar los delitos sexuales en el Código Penal tras el escándalo de la sentencia de La Manada -lo que ha obligado a Rafael Catalá a ampliar los miembros para aproximarse a la paridad- y con las críticas generalizadas de partidos y asociaciones feministas por la falta de sensibilidad y de perspectiva de género que observan en el funcionamiento y en los fallos de los tribunales españoles.

Las mujeres son mayoría entre los jueces desde 2013, pero su presencia se concentra en los órganos unipersonales, en los juzgados ordinarios de lo civil, lo penal, lo social, y sobre todo en los de menores (el 62%) y los especializados en violencia machista (un 71,4%). En la primera instancia. La presencia de magistradas en los órganos principales, en los que juzgan los delitos más graves y revisan las sentencias, no supera el 38%, unos 15 puntos por debajo de su peso en la carrera (53,2%). Son un 37,6% en las audiencias provinciales, el 36,2% en los tribunales superiores autonómicos, un 38,5% en la Audiencia Nacional, y solo el 14,5% de los magistrados del Tribunal Supremo.

Pero donde el sesgo de sexo es claro es en los puestos de responsabilidad; en su peso mínimo como presidentes de sala o sección o de los propios órganos superiores. Solo son mujeres el 21,9% de los presidentes de sección de las audiencias provinciales y solo un 16,3% de los máximos responsables de estos órganos. Hay un 20,7% de presidentes de sala femeninos en los tribunales superiores y un 7,1% de presidentas de estos órganos. En el caso del Supremo, la cúspide de la justicia española, su arrinconamiento es total. No hay una sola mujer ni entre los presidentes de las cinco salas ni entre los miembros de la sala de gobierno.

Y la razón no es técnica, ni de falta de aspirantes, sino de no designación. Lo deja claro el informe cuando destaca que «es de interés comparar este porcentaje -el de juezas en la cúspide de órganos relevantes- con el porcentaje de mujeres en el conjunto de los magistados con más de 10 años con esta categoría (47,9%), pues suele ser uno de los requisitos que se piden para optar a una plaza de presidente».

La foto fija es mala porque la evolución de las designaciones femeninas en la última década ha sido pobre. Mientras de 2009 a 2018 las mujeres magistrados con al menos 10 años de antiguedad subieron diez puntos, de ser el 37,3% del total al 47,9%, su llegada a las presidencias de sección, sala u órgano solo aumentó entre dos y seis puntos.

Fruto de lo anterior es que las mujeres fueron las autoras del 53,5% de las sentencias de 2017 -de más del 60% en los juzgados de menores y contra la violencia machista-, pero en su mayoría se trató de fallos de primera instancia. Su protagonismo en las salas penales de las audiencias provinciales o de la Audiencia Nacional rondó el 40% de las sentencias y algo más de 30% en el resto de órganos colegiados, salvo el Supremo, donde fue de un 19,8%.

La radiografía de la situación de la mujer en la Fiscalía es muy similar. Son el 64,1% de los miembros de la carrera, pero solo ocupan el 36% de los puestos directivos. Menos si se miran solo los cargos más relevantes, como fiscal de sala (21%) o fiscal superior autonómico (29%).

La única profesión jurídica en la que las mujeres ocupan un porcentaje algo mayor de cargos relevantes es entre los letrados de la Administración de Justicia. Son el 67,5% de los profesionales, ocupan el 52,4% de las secretarías de gobierno, y son el 46,9% de los coordinadores provinciales. En el resto de ramas jurídicas son aún minoría. El 40% de los abogados del Estado, el 30,8% de los notarios, el 44,7% de los registradores, y el 33,4% de los procuradores. Su progresión en el mundo jurídico es asegura, pues son mujeres el 57% de quienes aprueban Derecho.