El calvario de un español para recuperar en China a los hijos que ha secuestrado su mujer

La de Guillermo podría haber sido la historia de cualquier progenitor que batalla por la custodia de sus hijos en un agrio proceso de ruptura matrimonial. Pero dos elementos la hacen excepcional: el primero, que su mujer decidió secuestrar a los dos hijos que tienen en común, Marta, de 7 años, y Alex, de 9; el segundo, que todo sucede en China, el país de la madre. «No sé nada de mi hijo desde el 29 de Julio de 2021, cuando ella se lo llevó de un campamento al que tendría que haber ido a recogerlo yo. Ni de mi hija desde el dia 24 de junio del 2023, cuando tres o cuatro personas se la llevaron tras agredir a mis padres en Shanghái», cuenta este madrileño de 43 años.

Una cámara de seguridad recogió ese ataque en vídeo y la justicia china le ha dado la razón a Guillermo tras un largo proceso lleno de sobresaltos, pero la orden verbal del juez no ha servido para que el padre se reencuentre con Alex y Marta, ambos de nacionalidad exclusivamente española. Hace ya dos semanas que venció el plazo de siete días que el magistrado le dio a su mujer para que devolviese a los niños, pero ella sigue haciendo oídos sordos al requerimiento. «Hay posibilidades reales de que no vuelva a ver a mis hijos nunca mas, porque el juez se niega a poner una orden de arresto aduciendo los efectos sociales de arrestar a una madre», se lamenta Guillermo. «Es increíble que los derechos de los niños y los míos como padre no se tengan en cuenta, más cuando la acusada ha actuado de una forma tan deplorable», añade indignado.

El secuestro parental, que en España visibilizó hace siete años el caso de Juana Rivas, es un problema cada vez más extendido. Solo en nuestro país, el año pasado se contabilizaron 428 denuncias, un número que únicamente fue superado anteriormente por el de 2021, cuando se registraron seis más. «Es un fenómeno social que, por el incremento de hechos denunciados, es igualmente una cuestión prioritaria para las Administraciones Públicas, fundamentada en la especial protección de los intereses del menor y la paz en las relaciones familiares, particularmente cuando subyacen cuestiones derivadas de su custodia, que pueden provocar perjuicios por la actuación de los progenitores en casos de crisis en aquellas relaciones», escribe el Centro Nacional de Desaparecidos en su último informe anual.

En el caso de la pequeña Marta, el perjuicio para la niña es claro. Durante el último año y medio, su madre ha impedido que acuda al Consulado de España en Shanghái para renovar el pasaporte, lo cual ha imposibilitado su matriculación en la escuela y la renovación de su seguro médico. «Tampoco se puede viajar en tren o ir con ella a un hotel en otra ciudad porque, como extranjera, en China necesita el pasaporte para todo», explica Guillermo. La Embajada de España en China confirma a este diario que se encuentra al corriente del caso y proporcionando toda la asistencia que le permite la legalidad internacional.

En casos como este, la justicia local siempre prevalece. Y en Asia la sustracción de menores es un mal más extendido. India y Corea del Sur aparecen entre los 14 países que menos protegen a los menores de este delito, según el informe que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, una institución que el año pasado intervino en 657 sustracciones internacionales de menores pertenecientes a parejas mixtas. Solo 118 se resolvieron con la devolución de los hijos. De China no hay cifras, pero el Departamento señala que «no se adhiere a ningún protocolo sobre el secuestro parental internacional» y reconoce que el año pasado no logró cerrar ninguno de los casos abiertos. Si un país con el peso de Estados Unidos no lo consigue, más difícil aún resulta en el caso de España.

En la vecina Japón, la situación es aún peor: se estima que tres millones de niños y niñas han visto cercenado su derecho a disfrutar de la compañía de sus dos progenitores desde 1991. Según esa cifra, en el 20% de los contenciosos matrimoniales con hijos el padre o la madre impide al otro que visite a los niños. Y la situación resulta extremadamente compleja cuando uno de los progenitores es extranjero.

Guillermo, por ejemplo, se siente totalmente indefenso a pesar de que ha decidido actuar de forma ética. «Rescindí el contrato con el primer bufete de abogados porque me recomendaron que me llevase a los niños del país sin el consentimiento de la madre», recuerda, y muestra el audio que remitió al juez para probar este extremo. Curiosamente, es el mismo despacho que, en un inesperado giro, luego contrató la madre para arremeter contra él en el juicio. «Una asociación de abogados esta viendo el conflicto de intereses y la integridad del despacho», comenta.

Liu, letrado de un bufete especializado en divorcios cuyo nombre prefiere no revelar, confirma que estos hechos son constitutivos de delito penal y no civil, y que son más habituales de lo que la gente cree. «Después de los asuntos económicos, los hijos son siempre el principal motivo de disputa en la ruptura de matrimonios. Y en China hay una cultura de llegar a jugar muy sucio con ellos para lograr mejores condiciones económicas o hacer daño al cónyuge», explica, incidiendo en que, si el progenitor afectado es extranjero, «en China siempre estará en desventaja frente a la ley, porque hay tendencia a favorecer los intereses de los nacionales».

El arranque de la rocambolesca historia de Guillermo hay que buscarlo en 2021, cuando, «después de varios años de una relación muy deteriorada», el madrileño plantea el divorcio. Siempre según su relato, «hasta que ella contrató a unos abogados, las conversaciones fueron constructivas». Pero, en cuanto la mujer acude en busca de consejo legal, «comienza a poner denuncias falsas cuya veracidad al final incluso la Policía descarta». En estas circunstancias, y con Alex ya en manos de su madre, se celebra el primer juicio para establecer las condiciones del divorcio y decidir sobre la custodia de los hijos. «Se la dan a ella, pero en el proceso hay muchas irregularidades», recuerda Guillermo, que apela y logra que el segundo tribunal rectifique la sentencia original y ordene la repetición del proceso.

Es entonces cuando los abuelos paternos son atacados en Shanghái por un grupo de personas, entre los que se encuentra la abuela materna, que se llevan a Marta. La madre de Guillermo acaba por los suelos en una trifulca bien documentada en fotografías y vídeo y es ingresada en el hospital, donde levanta un parte de lesiones. El abuelo paterno pone una denuncia policial a la que ha tenido acceso este periódico y, posteriormente, Guillermo exige el arresto de su mujer y pone en marcha una campaña «desesperada» para recuperar a sus hijos. «Mi mujer ha secuestrado a los niños y, aunque así lo reconoce el juez, la justicia china no me ayuda», se lamenta, enfatizando el «vergonzoso papel de la policía», que se niega al procesamiento de quienes participaron en la abducción y son fácilmente identificables en el vídeo.

Guillermo ha seguido los pasos que los gobiernos recomiendan en estos casos: denunció lo sucedido a la policía china y a la Embajada de España en el gigante asiático. De forma adicional, ha contactado directamente con la empresa de su mujer, la petroquímica británica Shell, para tratar de que le imponga el código de buena conducta que tiene en vigor. Pero nada de esto ha dado resultado aún. La multinacional considera que se trata de «asuntos personales» y afirma a este periódico que «no hace comentarios sobre la vida privada de sus empleados». En esta situación, Guillermo se siente cada vez más desesperado. «Lo único que me importa es hacer presión para lograr ver de nuevo a mis hijos», afirma él, que subraya que nunca impidió a su mujer ver a los niños. «Es de una crueldad terrible», sentencia.

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