Una mujer corneada en un encierro lleva a los tribunales a un Ayuntamiento de Valladolid

Según el relato de hechos de la demanda, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid, durante el recorrido de la suelta de reses bravas en el encierro campero, sobre las 11:00 horas, uno de los astados que se separó de la manada derribó una de las vallas metálicas de obra colocada en los límites del campo que delimitaban el recorrido y separaban al público de los jinetes a la altura de la calle El Greco, aledaña a la calle Once del Plan Parcial La Coronilla.

En su camino ya en el núcleo urbano, el astado arrolló a María Ángeles F. C., 'Nines', una vecina de Tudela de Duero de 58 años, que se encontraba en el lugar «como simple espectadora pasiva, sin tomar parte en el encierro ni asumir ningún tipo de riesgo». La víctima, expone la demanda, estaba observando el desarrollo del festejo «del otro lado de la valla, adoptando las precauciones y el cuidado especial que exigen este tipo de eventos». La mujer recibió varias cornadas.

Tras el suceso, los caballistas lograron reconducir al astado hacia el embudo, mientras que la mujer era asistida por los servicios médicos. En ese momento presentaba dolor y pérdida de sensibilidad en la extremidad inferior izquierda. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid con múltiples heridas, traumatismos y lesiones sufridas por asta de toro y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. Estuvo hospitalizada en la UCI durante nueve días, dada la gravedad de las heridas que presentaba, más otros 16 ingresada en planta, sin contar las consultas por cirugía torácica durante 183 días hasta el 29 de abril de 2022, un tiempo en el que la paciente estuvo «muy limitada incluso en las actividades de la vida diaria». La demandante estuvo otros 48 días, hasta el 17 de junio del año pasado, en recuperación. Alega, como secuelas, un perjuicio psicofísico, estético y moral por la pérdida de la calidad de vida.

La reclamación se realiza contra el Ayuntamiento de Mojados como responsable del siniestro por el evento taurino y de la seguridad, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «aun cuando la gestión de la celebración la realizara otra entidad con personalidad jurídica independiente». La demanda se dirige también contra la Aseguradora Mapfre, que ya abonó los gastos de la asistencia sanitaria de la víctima del astado. Para la demandante, la responsabilidad de la Administración local en lo sucedido «está suficientemente demostrada, toda vez que no llevó a cabo una conducta suficientemente diligente para evitar el daño». En concreto, alega defectos en las infraestructuras, porque tenía que «haber asegurado el vallado que separa la zona de encierro» de la zona en la que se encontraba la mujer. También alega que no se realizó publicidad de carteles con la prohibición de permanencia en la zona donde ocurrieron los hechos para garantizar que no se produjeran daños. Además se considera que existió una actuación «negligente de la Administración».

La demanda sostiene que el Ayuntamiento de Mojados, organizador de los encierros, «incrementó el riesgo de los participantes en dicho festejo por no poner en práctica las medidas de seguridad esperadas en el espectáculo» por lo que existiría «un claro nexo causal entre el daño y la conducta negligente, siendo un daño claramente imputable al funcionamiento del evento».

«Queda acreditado el nexo causal entre las cornadas recibidas por la demandante y el funcionamiento del servicio público, debiendo haber adoptado el Ayuntamiento, como organizador del evento, una garantía en el normal desarrollo del festejo y, especialmente, su seguridad. La reclamante sufrió unas lesiones como consecuencia de una actividad organizada por la Administración local, que ha creado el riesgo por el espectáculo taurino», concluye la demandante.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mojados manifestó, para oponerse a la reclamación patrimonial planteada en su día, que el daño se produjo por responsabilidad exclusiva de la víctima que «se encontraba en una zona de delimitación del recorrido, constando expresamente la prohibición de permanencia en dicha área». Un informe del arquitecto municipal indicaba al respecto en un informe que en el vallado, «de manera aleatoria y cada tres o cuatro unidades, se encontraban dispuestos los carteles que literalmente indicaban la prohibición de subirse al vallado, la delimitación de la zona del encierro, así como la prohibición de estacionamiento y de circulación».

Sin embargo, la demandante asegura que esos carteles no existían en el lugar de la cogida y en el momento del siniestro y que ella se encontraba «en lugar seguro, sin asumir ningún tipo de riesgo, siendo simplemente espectadora del evento, limitándose a presenciar el espectáculo».