La mujer asesinada en Córdoba, víctima número 1.000 de la violencia machista

El hombre que asesinó a su pareja el pasado viernes en Córdoba actuó de forma similar a su primer asesinato. El de su esposa con la que tenía tres hijos. Ocurrió en abril de 2002, en Algeciras. Para entonces no existía una Ley contra la Violencia de Género, que esta vez no ha impedido que el mismo sujeto ejerciera el idéntico tipo de agresión mortal contra su pareja. La reincidencia concurre en un 3% de las condenas, según un «estudio sobre sentencias de homicidio y asesinato por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja» del Consejo General del Poder Judicial de 2016.

Aquella vez, Salvador R. también acudió por la mañana al encuentro de su mujer, en el domicilio conyugal. Su esposa estaba sola, como ahora lo estaba su novia. Los niños del matrimonio, y ahora la hija de Ana, estaban en sus institutos. Su mujer quería separarse. «El principal error que ha cometido la humanidad para que siga existiendo la violencia de género ha sido la discriminación y menosprecio secular a los derechos de las mujeres», afirma Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres, al reflexionar sobre qué falla en la actualidad para que la violencia de género prosiga en España. «La situación en ningún caso puede ser atribuida a la acción pública que precisamente pretende prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que, en ocasiones, se continúa justificando o cuestionando desde algunas posiciones ideológicas o culturales».

En el caso de este viernes, la pareja aparentaba una relación estable. Hace 17 años, él fue contra la esposa que ya no quería serlo, forcejearon, él le anudó el cable de la plancha al cuello y la estranguló hasta romperle la tráquea. Ella, aún viva, perdió la conciencia. Ese primer ataque no fue suficiente para robarle la vida, como tampoco lo fue el que hizo contra Ana. En aquel primer asesinato, Salvador R. arrastró a su pareja a la bañera y ahí la ahogó. «Asfixia por inmersión», fue la causa de la muerte, según la sentencia de mayo de 2004. La agravante aplicada fue de «parentesco». Salvador R. ya estaba en prisión cuando se comenzó a aplicar el agravante de «género» a casos como el suyo.

«Se han hecho muchas cosas y en un tiempo corto», opina Soleto sobre las medidas que la sociedad española está aplicando contra la violencia machista. «Nueva legislación, más recursos y más especializados, mucha más información y conocimiento de la violencia contra las mujeres por parte de toda la sociedad, más atención de los medios de comunicación y más presencia de estos temas en la agenda política. Pero algunos de los avances no están funcionando como se esperaba y es necesario revisarlos y mejorarlos».

Cuando todavía no había cumplido por completo su condena por asesinato, Salvador R. obtuvo la libertad condicional y, a los pocos meses, atacó a Ana con un arma blanca. Ambos se habían conocido en el barrio de Santa Rosa. Ella trabajaba limpiando casas y él, en la cocina de un restaurante. Alguien que aparentemente había encarrilado su vida. Lo certificaban los expertos de prisiones, que le habían concedido la libertad condicional. Ella conocía por qué su pareja había pasado tres lustros en prisión. Desde los 28 años hasta los 43. Un crimen que entonces no entraba en los listados de violencia de género, y que tuvo una pena de 17 años de prisión y 180.000 euros de indemnización para sus tres hijos, dos mujeres y un hombre.

Con mayor pericia que la primera vez, quizás con premeditación y elección del arma, Salvador R. le hizo a Ana varias heridas, pero ella no murió de inmediato. Respiraba cuando el hombre prendió fuego a la casa. En 2002, tras asesinar a su mujer, el asesino salió de la vivienda y se dirigió a la jefatura de policía de Algeciras. Ahí declaró su crimen. En 2019, no hubo confesión. Él se intentó quitar la vida con el mismo filo con que había agredido a Ana. Pero tampoco se hizo un corte que resultara fatal de inmediato. A las once de la mañana, cuando acudieron los bomberos, él todavía estaba vivo.

En ambos casos, en el de 2002 y en el de 2019, el mismo asesino había acudido al encuentro de su pareja determinado a quitarle la vida. En la sentencia de 2004 quedó demostrado pero no lo será en el último. Con su suicidio, evita el juicio. «Produce cierta impotencia que no seamos capaces de disminuir de forma significativa las cifras de asesinatos anuales», prosigue Soleto. «Pero el camino emprendido con la legislación y los recursos que se han puesto en marcha, es el único posible».