Un millón de euros por privarles del derecho a decidir un aborto

«No se trata de debatir sobre el aborto, pero sí sobre que los padres tienen la opción de que una vida no llegue a nacer», explica Ignacio Martínez, abogado que representó a los demandantes y miembro del Defensor del Paciente. «En este caso se les privó de ese derecho, que pueden llegar a ejercer o no. Esa no es la cuestión. Les correspondía a ellos decidir si lo tenían o no».

La niña, que «aporrea objetos continuamente» y cuya «mirada no responde a nada», según Martínez, nació hace nueve años. «Las batallas judiciales son muy largas», comenta el abogado. La cría presenta autismo profundo y síndrome de Apert, que produce una consolidación precoz de los huesos craneales (craneosinostosis), que afecta la faz y anomalías en las manos y pies (sindactilia bilateral). También presenta invalidez y retardo psicomotor, entre otras enfermedades.

La privación «del derecho a la voluntaria interrupción del embarazo» fue lo que reclamaron los padres, que no han tenido más hijos y prefieren no revelar otros datos personales. En la demanda alegaron «daño moral» al «lesionar su autonomía de voluntad» y por «ver sufrir a su hijo», y «daño patrimonial» por los «costes extraordinarios» de una «criatura gran inválida» que siempre «dependerá de terceros». «Se dice: ¡cuánto dinero!», critica Martínez, refiriéndose a la cantidad de la indemnización. «Pero es insuficiente. La familia quiere garantizar su atención durante toda su vida, que puede alcanzar la media, unos 80 años».

La jueza de primera instancia nº 56 de Madrid, María Gavilán Rubio, decidió dar la razón a los padres. «No se indemniza por los daños congénitos», de los que la aseguradora, Sanitas, no es responsable, pero sí por la «pérdida de derecho a la voluntaria y legal interrupción del embarazo», indica. Los demandantes, y la sentencia, se ajustan a la doctrina de «nacimiento injusto» del Supremo, que trata sobre las enfermedades y anomalías que podrían haber sido detectadas durante el embarazo y que «por omisión de diagnóstico» o «falta de pruebas prenatales indicadas en los protocolos» no se informa a la embarazada para que decida abortar o dar a luz. La mujer tampoco tiene que demostrar que hubiera abortado. «Antes sí, pero era una prueba ofensiva», opina Martínez.

Durante el juicio hubo dos momentos clave. El primero, cuando la aseguradora exigió una evaluación de la pequeña con sus peritos. A Baleares, donde vive la familia, se movilizaron pediatra, psicólogo y otros especialistas. «Yo no la había visto hasta ese reconocimiento», comenta Martínez. «Los expertos quedaron bastante impresionados. Es una niña que requiere completa atención las 24 horas. La madre no sabe si la reconoce, pero la niña se mueve y hay que ir tras ella».

La «atención continua» del hijo ha obligado a los padres a no seguir desarrollando sus «proyectos personales», dice la sentencia. Sobre todo la madre, que se dedica en exclusiva a proveer seguridad a la niña y cubrir sus necesidades, incluso las más básicas. «Están muy afectados, sobre todo la madre. El padre al menos descansa cuando va a trabajar pero ella ha perdido completamente su vida social y laboral».

Entre los gastos que reclamaron en los tribunales aducían la reducción de jornada laboral o el cese del empleo, terapias especiales fuera de la seguridad social (logopeda, psicólogo, fisio, psicoterapia...), desplazamientos en avión de Baleares a Madrid para cirugías que corrigieran las malformaciones y obras de adaptación a la vivienda».

El otro momento clave del juicio se vivió cuando los peritos de la aseguradora mantuvieron que el autismo no podía vincularse con las malformaciones no detectadas del feto, mientras que el pediatra de la Seguridad Social defendía lo contrario. La jueza decidió dar credibilidad a quien la «trata desde su nacimiento», el pediatra balear que le dijo: «Me gustaría que estuviera con ella una hora, para que se dé cuenta de lo que hablamos». La jueza estipuló que la indemnización sería de 1.025.380 euros, para ajustarla a la esperanza de vida de la niña, que cifró en 50 años. Los padres recurrirán la sentencia.