El Open Arms atraca en el puerto de Lampedusa tras la orden de la Fiscalía italiana

Pero apenas media hora después de que el 'Audaz' pusiese rumbo a Lampedusa, la Justicia italiana desbloqueaba la crisis humanitaria y política, que ha enfrentado en los últimos días a Madrid y a Roma. El fiscal Luigi Patronaggio, que investiga un presunto delito de secuestro al no permitirse que los migrantes bajaran a tierra en Lampedusa, inspeccionó este martes la nave acompañado de varios médicos para verificar el estado de los migrantes. Tras reunirse con el director de la ONG,Òscar Camps, y comprobar que la situación en el barco era «explosiva», Patronaggio ordenó el desembarcó inmediato del pasaje y el secuestro provisional del Open Arms por razones «sanitarias», según establece el Código Penal del país transalpino, que prevé penas de hasta dos años de prisión para los cargos públicos que no actuén de acuerdo a su obligación institucional.

En la madrugada del lunes, uno de los migrantes, de nacionalidad siria, se lanzó al agua y fue rescatado por la Guardia Costera italiana, que lo llevó a puerto, donde fue recogido por una ambulancia. Pocas horas después, catorce más siguieron su ejemplo y saltaron por la borda. Todos fueron rescatados por la patrullera italiana o las lanchas del propio barco y cinco de ellos conducidos a tierra. «La situación está al límite», reconoció la ONG en Twitter.

Un mensaje de SOS que recogió el Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer decidió enviar a la embarcación militar a este pequeño territorio italiano para «resolver cuanto antes» la emergencia humanitaria. El patrullero 'Audaz', que se utiliza en misiones contra la piratería, no tiene previsto arribar hasta el viernes. En principio, su misión es acompañar a los indocumentados del Open Arms hasta Baleares. «Tras analizar distintas opciones, el Gobierno, de acuerdo a las recomendaciones logísticas de la Armada, considera que ésta es la más adecuada», argumentó Moncloa en un comunicado.

El Gobierno socialista rechazó así el ofrecimiento de Roma de trasladar a los migrantes a un puerto español con la condición de que Madrid ordenara retirar la bandera española al Open Arms para obligarle a dejar de navegar. «No se podía mirar a otro lado», remarcó la titular de Defensa, Margarita Robles, que se defendió de las críticas señalando que, desde el principio, el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido una posición activa ante este drama y ha conseguido implicar a seis países europeos (Francia, Portugal, Alemania, Luxemburgo, Rumanía y España) en el reparto de los inmigrantes.

Tras la negativa de Salvini a permitir el desembarco del barco humanitario en Lampedusa, el presidente en funciones ofreció al domingo los puertos de Algeciras, primero, y de Mallorca y Menorca, después para acoger a los náufragos. Pero el Open Arms dejó claro que no estaba en disposición de realizar una travesía tan larga –más de mil kilómetros– al no poder garantizar la seguridad de un pasaje con graves problemas psicológicos tras vivir un infierno en Libia y llevar ya más de dos semanas en el mar a la espera de un puerto seguro. La ONG solicitó que los rescatados fuesen trasladados en «condiciones dignas» por un buque español o italiano o «en avión».