Solo un 27% de los menores tutelados por el Estado son acogidos por familias

La figura del acogimiento familiar a veces resulta conflictiva, por cuanto se mantiene el contacto con la familia biológica –siempre que no perjudique al niño–, lo cual puede generar problemas. José María tuvo suerte. Al final la madre que le alumbró pidió a la de acogida que le adoptara, sabedora de que una separación tras una convivencia tan estrecha podía causar un grave deterioro en su salud emocional. Por fortuna todo fue sobre ruedas, se acordó una adopción abierta, una modalidad contemplada en la reforma de la ley de 2015, en la que se mantiene el régimen de visitas con la madre biológica. «Crecí feliz, las dos familias me han tratado muy bien». Con todo, el chico sufrió algún que otro contratiempo. «Nunca me sentí raro cuando mi madre biológica tuvo otro hijo, mi hermano pequeño Manuel. Sí que me impactó el que yo fuera adoptado y Manuel hijo suyo».

La de Beatriz y José María es una historia de éxito, pero en España hay más de 17.000 niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogida, cuando podrían crecer dentro de una familia, una opción a la que la Ley de Protección de la Infancia concede prioridad. El legislador entiende que el ambiente familiar es el más adecuado para desarrollo de la personalidad del menor.

María Arauz Robles, presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), lamenta que por cuarto año consecutivo el número de niños que entra en el sistema se derive hacia la institucionalización. En 2020, un los críos se dirigieron en un 73% al acogimiento residencial y en un 27% al familiar. Para Arauz, las «administraciones públicas están incumpliendo su deber de fomentar esta figura». No es extraño que en muchas ocasiones los niños cumplan en las familias de acogida la mayoría de edad. El problema se cierne sobre los niños que se crían en centro de menores, pues cuando alcanzan los 18 años se encuentran en la calle, mientras que los que crecen en una familia siguen siendo un miembro más de ella.

María Jesús Sádaba, madre de acogida, abogada laboralista y miembro de la asociación de familias Magale asegura que en Navarra se ha conseguido que la prolongación de la protección de los niños acogidos en centros de menores se extienda hasta los 21 años «En Navarra están protegidos hasta finalizar los estudios y en Madrid, con suerte, hasta los 18», dijo Sádaba en un congreso reciente sobre el asunto.

Los requisitos que se exigen para acoger a un menor consisten en garantizar que se le va a cuidar en un hogar estable, donde el niño disponga de un espacio. Es un proceso que gestionan las comunidades autónomas y que acarrea una serie de ayudas, más bien escasas, aunque, como señala Arauz de Robles, «no se acoge por dinero». «Los centros son ineficientes, caros para la Administración, generan desprotección y cuando los menores cumplen 18 años, se ven en una situación de gran vulnerabilidad», aduce la presidenta de Aseaf.

Los acogimientos residenciales han bajado de forma ostensible, lo que rompe la tendencia de años anteriores. El año pasado hubo 16.691 niños que vivían en residencias, lo que representa un descenso del 26% con respecto a 2019.Tal caída obedece al menor número de menores de edad extranjeros, que han pasado de 12.206 en 2019 a 6.304 en 2020, como consecuencia de la pandemia. En cuanto a acogimiento familiar, en 2020 fueron 18.892 los niños y adolescentes que fueron acogidos en familias, lo que supone una disminución del 2,2%. Aseaf subraya que estos datos hay que cogerlos con pizas por la disrupción de la covid.