Melilla y Texas: el fracaso de las políticas migratorias

El pasado viernes 24 de junio, la acción coordinada de la Gendarmería Marroquí y de las fuerzas policiales españolas derivó en la muerte de 37 personas y cientos de heridos cuando un grupo de personas migrantes procedentes en su mayoría de Sudán y Sudán del Sur intentó entrar en la ciudad de Melilla. Existen vídeos y fotografías que muestran cuerpos tirados por el suelo entre charcos de sangre, cuerpos de seguridad marroquíes pegando a migrantes, la Guardia Civil española lanzando gases sobre quienes intentaban escalar la valla de entrada a Melilla e imágenes de cómo se negó el socorro a heridos agonizantes.

Estos hechos suponen una trágica escalada en la persecución que sufren en Nador, Tetuán, Tánger, El Aaiún o Dakhla. Los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Marruecos para favorecer que sean las fuerzas marroquíes quienes eviten el flujo de migrantes hacia Europa ha provocado que, desde hace más de un año y medio, los emigrantes de Nador no tengan acceso a medicamentos ni a atención sanitaria, sus campamentos han sido incendiados y sus bienes saqueados, sus escasos alimentos destruidos e incluso se ha confiscado la poca agua potable de la que disponían.

Los hechos en Texas son distantes en lo geográfico y trágicamente cercanos en su explicación. Apenas tres días después de los sucesos de Melilla, las autoridades de la localidad de San Antonio, en la frontera entre México y Texas (EE. UU.) informaron del hallazgo de un remolque que contenía 50 cadáveres en su interior. Un mínimo de 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños que trataban de entrar en los Estados Unidos, habían muerto de inanición dentro de un remolque sin aire acondicionado, y sin tener acceso al agua, en un día con temperaturas de 40 grados.

A lo largo de las últimas tres décadas, Estados Unidos ha llevado a cabo un conjunto de políticas llamadas «prevención a través de la disuasión» diseñadas para hacer que la migración irregular sea tan punitiva y peligrosa que las personas dejen de intentarlo. Al mismo tiempo, ha cerrado las vías legales para migrar, al tiempo que ha cortado el acceso al asilo.

Los trágicos sucesos de esta semana negra han provocado los comunicados de condena de las Naciones Unidas y de diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo a Amnistía Internacional y a Human Right Watch, haciendo un llamamiento a que se investiguen de forma independiente las responsabilidades de España y los Estados Unidos en estas muertes y exigiendo a los estados involucrados que traten a todas las personas migrantes con dignidad y priorizando la salvaguarda de los derechos humanos.

El hecho de que la población ucraniana haya sido acogida en ambos países, mientras la población centroamericana y africana sufre este trato ha sido calificado como racismo institucional.

Mientras el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusaron principalmente a las «mafias de trata de personas» como responsables de estos sucesos, la verdad es que la política de cerrar los ojos ante las gravísimas violaciones de derechos humanos que se cometen al otro lado de sus fronteras ha sido habitual en las últimas décadas sin que se hayan propuesto medidas para solucionarlas más allá de reforzar la cooperación policial.

La voluntad de pasar página rápidamente ha sido tan grande que Sánchez llegó a calificar lo sucedido en la frontera de Mellilla como un «asunto bien resuelto» generando un alud de críticas sobre su falta de empatía hacia las víctimas de la tragedia. Posteriormente reconoció que cuando pronunció esas palabras todavía no había visto las imágenes del suceso.

Las muertes de esta semana negra son consecuencias previsibles de las políticas de externalización de fronteras y de la política de disuasión que ambos países están aplicando. Pero lo cierto es que, a pesar de la dureza con la que se aplican estas medidas disuasorias y de la gravísima falta de empatía que suponen hacia algunas de las personas más desfavorecidas del planeta, están siendo inútiles para contener los flujos migratorios. El número de personas migrantes que entran en las fronteras de EE. UU. y Europa sigue creciendo, impulsado por las guerras, las dramáticas consecuencias del cambio climático y la imposibilidad de obtener alimento para sus familias.

Esta semana negra supone un nuevo trágico recordatorio de la importancia de replantear las política de disuasión, poniendo los derechos humanos en el centro de la actuación y promoviendo vías seguras.

Este artículo ha sido publicado en 'The Conversation'.