Guerra policial a los «casos resistentes» de violencia de género

A esa casuística el Ministerio del Interior le ha dado ya un nombre: «casos resistentes». Y el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha declarado la guerra a este fenómeno que, según los propios documentos de Interior, se extiende de manera profusa por los colectivos particularmente más desfavorecidos.

El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha remitido en las últimas horas a todas las delegaciones del Gobierno y a las direcciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional la instrucción 11/2022 sobre la «gestión del riesgo» de esos «casos resistentes». En esa directiva, a la que ha tenido acceso este periódico, el número 2 de Marlaska ordena a las delegaciones y a los funcionarios «informar detalladamente a a la autoridad judicial y fiscal» de los casos en los que «sea la propia víctima la que voluntariamente y de forma manifiesta y reiterada renuncia a su protección». O aquellos supuestos «en los que sea la propia víctima la que, sin renunciar de forma manifiesta a su protección, dificulta e incluso imposibilita de hecho dicha tarea».

La instrucción 11/2022, además, ordena a las autoridades locales y policiales que en esos «casos resistentes» de violencia de género, más allá de su labor investigativa, hagan todo por «promover» que las víctimas «entren en contacto otras instituciones como oficinas de atención a víctimas del delito (ámbito Justicia), Servicios Sociales o asistenciales».

El texto remitido por Interior recuerda que «las fuerzas y cuerpos de seguridad constituyen la puerta principal de entrada de las denuncias de violencia de género al sistema de justicia» y que en muchos casos los funcionarios son el primer eslabón para romper una «relación de maltrato», aunque ni siquiera la propia víctima, cuando pide ayuda a la policía, tenga intención de presentar una denuncia.

Interior, que insiste a delegados y policías la dificultad de romper las «relaciones abusivas», revela que el tiempo medio en España de las mujeres para dejar a su maltratador es de ocho años. Un tiempo que puede ser aún más largo entre ciertos colectivos femeninos muy vulnerables que son especialmente propensos a caer en esos «casos resistentes».

La instrucción de la Secretaría de Estado detalla cuáles son los grupos de mujeres en los que, en principio, deben centrarse los funcionarios para detectar los «casos resistentes». Se trata de mujeres en situación de «migración irregular», víctimas de «violencia sucesiva de distintos agresores» (plurivictimizadas), mujeres con «adicciones o conductas de abuso de sustancias con dependencia», víctimas que presenten «alteraciones de conducta o enfermedades mentales» y aquellas que tienen «carencia de cualquier recurso».

Son mujeres –insiste la circular- que responden a varios perfiles o situaciones: «que se aproximan con cierta desconfianza o recelo a este proceso (de denuncia), que renuncian a continuar con el proceso judicial, que solo solicitan ayuda inmediata ante una emergencia, que confían más en sus recursos personales frente a la ayuda institucional o que, por el contrario, carecen de cualquier recurso».

Interior no oculta que espera que los funcionarios sean más que policías en estos casos extremos. «La realidad muestra cómo existe un conjunto de víctimas de violencia de género que solicitan ayuda a los policías solo para solucionar una situación inmediata que no obedece a un proceso meditado. Los agentes deben ser conocedores de esta posibilidad», apunta la instrucción.

«En este sentido, de forma complementaria al resto de responsabilidades, resulta muy recomendable que (los funcionarios) se centren en dar a conocer a las víctimas que también pueden ser agentes facilitadores de recursos dirigidos a solucionar su problemática específica, evitando ser vistos como un mero engranaje con el sistema de justicia y favoreciendo la activación de elementos de contención de la violencia», concluye la nueva directiva que este martes llegó a todos las delegaciones.