Una marea de desesperación inunda Canarias

El horror en estado puro ha puesto su punto de mira en Canarias. Casi 900 indocumentados han arribado al archipiélago desde que se declaró el estado de alarma en España, algunos después de pasar hasta quince días a merced de las corrientes. José Antonio Rodríguez Verona es el responsable del Grupo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Cruz Roja en Gran Canaria, la primera línea de quienes luchan por devolver la dignidad a esos desgraciados que arroja la marea. Primero les someten al triaje del enfermero, que comprueba si son capaces de caminar por sí mismos, les toma la temperatura y desvía a los que están en peor estado al hospital de campaña. Les facilitan ropa nueva y se aseguran de que conserven su dinero, la documentación. El siguiente paso es un té caliente -la mayoría llegan deshidratados- y galletas. Llevan tiempo sin comer y no conviene atiborrarles. La filiación, la puesta a disposición judicial, el paso a albergues de que dispone el Gobierno canario... Un protocolo que se ha convertido en el pan de cada día.

El drama de la inmigración ha vuelto a hincar sus dientes en la ruta canaria, la más peligrosa para quienes están dispuestos a arriesgarlo todo. No es que antes dejara de contar para las redes que hacen fortuna con el tráfico de personas, pero el férreo control que ejerce Marruecos sobre las vallas de Ceuta y Melilla, subvencionado desde el pasado septiembre por las autoridades europeas, ha obligado a las mafias a cambiar el paso y volver la vista al sur del reino alauí, al Sahara Occidental y Mauritania, donde aguardan las pateras y cayucos en los que embarcan los desheredados de la tierra. 2.113 personas han llegado al archipiélago canario desde el pasado 1 de enero. Son casi siete veces más que el año pasado por estas fechas, a bordo de 65 embarcaciones donde nadie en el Primer Mundo desearía subir jamás.

José Antonio ha sido testigo de tragedias capaces de nublar el sentido al más templado. Como cuando descubrió 15 cadáveres en el fondo de un cayuco donde viajaban un centenar de personas (el récord lo tiene uno que llegó a Tenerife con 234). O esa otra vez en la playa de Arinaga, «cuando nueve personas que habían permanecido una semana sin moverse se ahogaron en un metro de profundidad al no poder incorporarse».

¿Cómo se vive con eso? Txema Santana, periodista y colaborador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), lleva la cuenta, semana a semana, de lo que deja la marea a su paso. «En enero contabilizábamos 24 personas al día. En febrero eran 14, pero naufragaron cuatro pateras, así que ¿quién sabe? Como son salidas clandestinas, el cálculo de víctimas es complicado. Desde marzo, la ruta se ha visto afectada por la pandemia, pero mantiene sus constantes vitales». A tenor de las cifras, Santana saca sus conclusiones, la más evidente, la incorporación de mujeres a la ruta atlántica, a menudo con bebés a su cargo, lo que obliga a cambiar recursos para facilitarles un servicio de acogida digno. La segunda, el aumento exponencial de una población para la que no existen recursos suficientes. «No podemos convertir las Islas Canarias en una cárcel a cielo abierto», alerta.

El viaje oscila entre 300 y 900 euros, según las circunstancias de cada cual, cuando un vuelo desde El Aaiún a Gran Canaria sale por 200 euros y dura apenas 40 minutos. En el precio influye el sexo, si la mujer está embarazada, si accede a colaborar con la red una vez en tierra... «Las mafias engordan sus cuentas, no importa que eso signifique poner en peligro vidas, y se convierten en algunos sitios en una sombra de la Administración. Tenemos que dejar de mirar a otro lado».

La situación en las islas se agrava por momentos. Han cerrado los dos centros de internamiento de extranjeros (CIE), el de Barranco Seco en Gran Canaria y Olla Fría en Tenerife: el primero tras detectarse Covid-19 en una celda donde dormían seis personas, el segundo al contagiarse los funcionarios. De manera que los inmigrantes ilegales -pertrechados únicamente con la tarjeta roja de estancia mientras se sustancia la solicitud de asilo- deambulan a su aire en un escenario pandémico, refugiándose allá donde les hacen un hueco. Esto plantea a los cabildos un problema que en pleno confinamiento pasaba desapercibido, pero que en plena fase 2 se está mostrando en toda su crudeza.

«El virus ha interrumpido las deportaciones, pero desde semanas antes de que estallara tampoco había traslados a la Península», denuncia Paloma Faviedes, experta en derecho de asilo. «El mensaje que el Gobierno quiere trasladar, aunque no lo diga abiertamente, es claro: entrar en Canarias no es lo mismo que hacerlo en Europa. Pero no se puede poner puertas al campo, «cuando cierras una ruta, estás abriendo otra». La abogada apela a que el Estado respete las garantías de estas personas. «Antes de la pandemia, España estaba devolviendo malienses a Mauritania -la colaboración empezó tras la crisis de los cayucos-, un país de paso para ellos, sin preocuparse de en qué condiciones se quedaban allí». El pacto de emigración y asilo de la Comisión Europea, previsto para marzo, todavía no se ha firmado, y la experta teme que «los países se escuden en el Covid para blindar más aún sus fronteras».

Paloma no es la única en verlo así. Gemma Pinyol es directora de Políticas Migratorias de Instrategies, una consultoría que colabora con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. A su juicio, «el control de las fronteras pasa ahora por externalizar servicios a terceros países, convertirlos en tu gendarme. Ocurre con Marruecos, un actor clave para España, como Libia lo es para Italia y Turquía para Grecia. La cooperación mediterránea es más eficiente y, en consecuencia, se intensifica la ruta canaria, la más arriesgada, aunque no la que se cobra más vidas.

La Organización Internacional para las Migraciones calcula que el número de personas que mueren en el Sáhara tratando de llegar a la costa duplica al de los que fallecen tratando de cruzar el Mediterráneo, donde en los últimos años muchos pesqueros renuncian a efectuar rescates porque nadie quiere que le acusen luego de 'proteger' a las redes de traficantes.

Lo sabe muy bien Helena Maleno, de la ONG 'Caminando Fronteras', acusada, primero por las autoridades españolas y luego encausada por las marroquíes, de favorecer la inmigración ilegal y de asociarse con malhechores por alertar a Salvamento Marítimo de las pateras que atraviesan dificultades. Para cuando los jueces concluyeron que Helena no había incurrido en delito pasaron cinco años, además de un rosario de «amenazas de muerte y un intento de asesinato». Su caso desató una cascada de reacciones de solidaridad internacionales, incluida Naciones Unidas.

«El aumento de la inmigración a Canarias coincide con los acuerdos firmados el pasado septiembre por Marruecos con la UE y responden a una estrategia de disuasión, como antes lo fueron las operaciones 'Hera' o 'Indalo'. Se militarizan amplias zonas para que resulte más difícil cruzar. Se abren así rutas más complicadas que consiguen un efecto perverso, robustecer a las mafias, que encuentran una oportunidad de negocio a menudo a costa de más vidas humanas».

Helena no está de acuerdo con que exista un 'efecto llamada', «lo que hay es un efecto salida', fruto de las guerras y penurias económicas que esta gente sufre en sus países de origen». Cuando se le pregunta por la gente que estos días deambula a su suerte por Canarias y el riesgo que esto supone durante una emergencia epidemiológica, no alberga dudas. «Los Estados deberían ayudar a todos, ya sean autóctonos o extranjeros. El virus no entiende si eres o no inmigrante».

Daniel Arencibia es abogado en una multinacional, pero también un hombre comprometido con la causa de los más débiles, lo que le ha llevado a colaborar de manera desinteresada con SOS Racismo o 'Caminando Fronteras'. Acompaña a los inmigrantes cuando se disponen a viajar, media por ellos ante las autoridades, contacta con sus familias, mira por que regularicen su situación... «Esta gente no tiene recursos ni nadie que vele por sus derechos», afirma.

En 2012, una patrullera de la Guardia Civil embistió a una patera y murieron siete inmigrantes. No aparecieron los cadáveres y la causa se cerró «por que no se pudo determinar que las víctimas viajaran a bordo», aunque había vídeos que se filtraron a la prensa. Daniel emprendió entonces una batalla para que los rescates se efectuaron con embarcaciones neumáticas de Salvamento Marítimo y no las rígidas de la Guardia Civil. También ayudó a doce jóvenes que llegaron, deshidratados, a la playa de Maspalomas y a los que se denegó el traslado a un hospital. Su caso fue denunciado ante el delegado del Gobierno. Archivado. O aquel otro, éste ya en Ceuta, en el que un asalto de 200 personas fue repelido con pelotas de goma y botes de humo en la playa de Tarajal, y en el que catorce indocumentados perdieron la vida. Sobreseído y recurrido por las ONG.

«Asisto casos con fallecidos en los que hay una actuación irregular de la autoridad -desliza Daniel, inasequible al desaliento-. Es bueno que la Administración sepa que también es vigilada, así modifica sus protocolos de actuación y es más cuidadosa». Es un ángel de la guarda en un mundo de tiburones. Y mientras tanto, el goteo continúa.