Las magistradas dictan sentencias más duras contra los agresores sexuales

«El sexo de los magistrados tiene un impacto en las sentencias», defiende Laura Arantegui, autora principal del estudio, que aclara que, a pesar de que «la ley española es bastante estricta en lo que respecta a la determinación de las penas por tipo de delito, hay una serie de factores que, como humanos, pueden también afectar la sentencia. Y uno de ellos es el sexo de los jueces». «La persona –añade Arantegui– está condicionada inevitablemente por los roles tradicionalmente distintos que ambos sexos tienen en la sociedad y que pueden dar lugar a diferentes puntos de vista sobre los grupos sociales más vulnerables».

El equipo de Derecho y Ciencias Políticas de la UOC llegó a estas conclusiones tras revisar todas los procesos sobre delitos sexuales enjuiciados entre 2019 y 2020 por todas las audiencias provinciales de España. Estos tribunales, que dictaron 2.200 fallos por abusos o agresiones sexuales a lo largo del bienio analizado, se conforman como salas de tres magistrados (uno de ellos el presidente) y son los órganos que se ocupan de juzgar los delitos más graves, a los que les corresponden penas superiores a los cinco años de prisión.

La conclusión principal, publicada en la revista Criminology & Criminal Justice, es que los tribunales con algún miembro femenino dictan fallos más severos en los delitos contra la libertad sexual. No es que las salas en las que participan condenen más que los tribunales sin mujeres. Unos y otros órganos son más o menos igual de estrictos en la apreciación de qué hechos son delictivos. La diferencia es que, ante hechos similares, los que tienen magistradas imponen más años de cárcel. «No hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de considerar el delito sino que la pena que imponen es superior», explica Arantegui.

El segundo elemento que desvela la investigación es que en esta mayor dureza en las sentencias no influye tanto el número de magistradas que hay en el tribunal, si son una, dos o incluso las tres, sino si una de ellas ocupa la presidencia de la sala y, sobre todo, si es mujer el juez que elaborará la ponencia, el borrador de sentencia que centrará el debate y fallo final del tribunal.

Este estudio sigue la estela de otros que ya establecieron que, en el caso de los delitos sexuales contra menores juzgados por tribunales, por cada mujer de más que formaba parte de la sala la duración de la pena del agresor se incrementaba en una media de 3,5 meses de encarcelamiento.

Los investigadores de la UOC consideran que el motivo que puede explicar esa diferencia entre jueces y juezas podría ser la mayor identificación de las magistradas con los colectivos más vulnerables. «En este tipo de delitos sexuales, las mujeres actúan como representantes de su género e intentan defender la situación de esas víctimas, a las que ven más desamparadas o en situación de inferioridad, y tal vez por ello son más punitivas», señala la autora principal. Este equipo académico quiere comprobar ahora cuál es el sesgo por género de las sentencias por delitos sexuales en los juzgados unipersonales, los que fallan los casos con penas menos graves.

El resultado de la investigación es relevante porque aunque las mujeres son desde hace ya once años más en la carrera judicial española que los hombres, todavía solo ocupan el 42% de los puestos de los órganos de justicia colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), los tribunales que juzgan los delitos más graves, revisan las sentencias y marcan la doctrina judicial. De hecho, están representadas 15 puntos por debajo de lo que les correspondería por su peso en el conjunto de la carrera, que es del 57%.

Pese a la infrarrepresentación de magistradas, el aumento paulatino de su peso e influencia en los órganos colegiados ha ido en paralelo al incremento de los encarcelados por violencia sexual y al fuerte crecimiento de los casos de violencia de género que acaban en condena. En la última década su peso en los órganos colegiados ha subido diez puntos, al pasar del 32,7% de miembros de tribunal al 42,3%. Mientras eso ocurría, las condenas por delitos sexuales se elevaron un 40% en cinco años y el porcentaje de acusados condenados por violencia de género supera el 80%, 20 puntos más que en 2013.