Patricia, la madre de Gabriel, anuncia una cruzada judicial contra un documental de Ana Julia Quezada

Además del pudor con el que se ha tratado esta salida en público, «esos titulares que se han hecho bastante más sensibles entre la memoria de Gabriel y los que lo queremos», pero también «a esa a Almería que se ha volcado en redes sociales para arroparlo y protegerlo a él, al alma de mi pequeño».

Una intervención que ha dejado tras de sí un anuncio de querellas por parte de la progenitora contra las «presuntas irregularidades de la cárcel» ante un «presunto delito de cohecho entre los funcionarios de la prisión», las personas relacionadas fuera de la cárcel, con la prensa, la propia presa «y también hacia Instituciones Penitenciarias».

Para dar a entender la fractura moral que Patricia Ramírez dice que padece ella y el resto de la familia del niño -también el padre, Ángel Cruz, ausente de la rueda de prensa por estar en el extranjero, pero que ha grabado un vídeo mostrando su complacencia con lo anunciado por Patricia Ramírez- la progenitora del pequeño Gabriel ha recorrido cronológicamente lo que viene sucediendo a lo largo de los últimos tres años, desde que denunciaron que un grupo multimedia pretendía hacer un documental con Ana Julia Quezada, asesina de su hijo, a la que invitaban a participar, y que rechazaron contundentemente, tanto el documental como la actitud de «su asesina y su abogado».

Además, han tenido otras injerencias con el periódico La Vanguardia y un pódcast titulado 'La madrastra del pescaito', que no solo «no contaban la verdad, sino que manchaba el honor de mi hijo. Se denunció y se archivó el caso».

Posteriormente, hace un año y medio, una productora pretendía lanzar a través de Amazon Prime, 'Crímenes', «nos plantean que salgamos en ese primer episodio hablando de la prisión permanente revisable», algo que rechazan «no porque no estuviéramos de acuerdo con esa medida, sino porque, siguiendo las indicaciones de nuestro abogado, si salíamos a apoyar públicamente esta pena podíamos correr las posibles consecuencias de que nuestro juicio fuera anulado, y no queríamos volver a exponer a nuestro hijo y repetir su caso, porque necesitamos descansar».

Volviendo a los motivos que da el juez para aprobar el rodaje del documental, «son para que ella nos pague la responsabilidad civil, que evidentemente todavía no se ha pagado». Algo que la madre se cuestiona, pues «estando condenada por un delito contra la integridad moral tras aquellos días, cómo vamos a permitir que diga algo que no es verdad o que simplemente nos vuelva a hacer daño».

Tras hacer un esfuerzo económico, «contratamos abogados para explicar la gravedad de los hechos de los que estamos hablando, se nos deniega hasta dos veces y se nos cierra cualquier puerta para conseguir un permiso que nos afecta directamente».

Prosiguiendo, «en noviembre 2023, me entero de que nuevamente se está grabando un documental dentro de la prisión de la asesina de mi hija«. Los padres dudaron si denunciar, »pues tengo miedo por la gravedad de lo que vamos a proceder a hacer y que cuando se haga se filtre todo, como ha ocurrido siempre sin consecuencias«.

Ante la imposibilidad de que la atendieran en la cárcel, «me dirijo y comunico con el Ministerio del Interior y solicito reunirme con ellos esta Navidad pasada, con el secretario de Estado de Seguridad, y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias». A estos les traslada la situación y que tiene «una fuente directa que me asegura que dentro de prisión, la condenada tiene un teléfono móvil; que además está intentando grabar un documental; que está pidiendo traslado de prisión; que se nos manifiesta que existe complicidad de funcionarios dentro de la cárcel que la están ayudando; que a través de los vis a vis se le mete dinero; que además su responsabilidad civil después de seis años no está resuelta, así que no entiendo cómo se le da un permiso para pagarnos la indemnización, cuando todavía no se conocen los bienes que tienen en República Dominicana», lamenta.

Tras trasladarle a la progenitora que finalmente no se ha hecho esa grabación, y que no hay existen permisos para grabar a la asesina, esta solicitó «abrir una investigación interna» así como «una depuración de responsabilidades», exigiendo «que no sea público para que no se genere un debate, que lo solucionen en silencio, que no queden manchadas nuestras instituciones y que nos ayuden». Para la madre, «las Instituciones Penitenciarias son quienes han de autorizar que este tipo de cosas no ocurran». Pero le respondieron «que ella en prisión es buena, que el dinero no le sirve para nada, y que si sé el nombre de los funcionarios que se lo diga».

Tras acudir al colegio de abogados, presentó otro escrito ante el juez de Instituciones Penitenciarias, realizó varias solicitudes de asistencia gratuita para redactar las querellas, renunciando a la parte del abogado.

A finales de abril, «nuestra fuente nos advierte que dentro de la cárcel se la sigue grabando sin permiso, que la producción está prácticamente lista, que aparte se han grabado a diferentes personas y solo faltan sus testimonios con un relato que la favorece». Estas grabaciones, «siguen siendo gestionadas por su abogado de oficio, que además va a tener beneficios del dinero que le entra a la asesina por dar detalles de cómo se la llevó, que además ya se encuentra en venta para las plataformas digitales».

«¿Por qué no nos han comunicado nada y nos dijeron que su voluntad es contraria? ¿Esto es legal? ¿Cómo puede haber pasado si en diciembre les dije lo que estaba haciéndose, 4 meses de tortura, de silencio, de no poder hablar de ello por miedo a que se nos expusiera públicamente y se generara un debate».

Además, traslada que «difícilmente puede recurrir una condición de la condenada para realizar un programa de televisión, si ustedes no atienden a que pueda hablar con vosotros, que lleváis la prisión; por otro lado, si no estoy informada por las personas que puedan dar los permisos, para que se saquen estas cosas que me dañan a mí y a la memoria de mi hijo« ante la grave situación que se está dando en la cárcel.

Por ello, «solicité mi derecho a ser notificada personalmente a través de mi correo, teléfono, dirección postal, así como mi derecho a ejercer mi derecho a comunicarme con las personas responsables que le conceden los permisos de grabación con compensación económica a la asesina».

Ayer obtuve respuesta, nuevamente «es que no había lugar a abrir esa vía de comunicación con Instituciones Penitenciarias. Ante el sentimiento de desamparo, de indefensión, de desprotección absoluta de los organismos públicos, cuya función es la de proteger a las víctimas».

Ha incidido también, en las consecuencias personales de toda esta situación de «violencia mediática» que está sufriendo su familia. «Mi madre, que tiene una enfermedad degenerativa, me la están reventando, a mis sobrinas, a todas las personas que nos acompañaron y que sufren por este tipo de malas prácticas. Además, tengo consecuencias físicas tales como neuralgia, enfermedades inflamatorias, gástricas, digestivas y un reciente soplo al corazón... entre otras». También detalló las secuelas psicológicas, tales como «ataques de pánico, ansiedad, fobia social, depresión que me exigen apoyo psicológico permanente. No voy a hablar de las económicas porque se las pueden imaginar».

Ángel Cruz, de manera remota, al estar trabajando actualmente en el extranjero, denunció tener «conocimiento de que se está haciendo la serie documental en cuestión. Esto no nos parece bien, no estamos de acuerdo y no vamos a formar parte. No es necesario volver a emitir estas imágenes de aquellos días, permitir a la asesina de mi hijo hablar de nuestro hijo y de nosotros. Ella nos infligió el mayor daño posible, incluso poniendo pruebas falsas para hacernos pensar que Gabriel estaba bien. Seis años después, los medios tienen la oportunidad de que Ana Julia no vuelva a destrozar. Por favor, nunca olviden lo que hizo hace seis años, lo engañó, lo llevó a un sitio donde nadie la podía ver y lo asesinó. Exigimos respeto, no podemos vivir en una sociedad tan vacía, en la que por un puñado de euros la asesina pueda volver a hablar y mentir. Será un juez el que determine el final de esta causa», termina.

El Ministerio del Interior en una nota enviada a los medios ha trasladado su «total solidaridad» con Patricia Ramírez. Y, además, ha señalado que «ha escuchado sus peticiones, actuando desde el primer momento y en el marco de sus competencias en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario».

Por otro lado, han anunciado que desde Interior colaborarán con la justicia para «atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez».