Las leyes sociales marcan la agenda

Los textos que siguen en diferentes instancias del proceso de estudio y votación, desde la espera de contestación hasta el análisis de una comisión, tratan asuntos como el apoyo a las personas con discapacidad, la protección de las víctimas de violencia de género, los derechos «al final de la vida», el mejoramiento de la cadena alimentaria, la igualdad de personas transgénero y el apoyo a las familias. Está pendiente también el último empujón a las dos propuestas estrellas del Gobierno de coalición: La ley de protección a la infancia y la ley de cambio climático.

En junio, el Consejo de Ministros remitió al Congreso el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con carácter de urgencia y empieza el año en la Comisión Derechos Sociales. Busca proveer una atención integral a las víctimas, obliga a los colectivos que trabajan con niños a comunicar situaciones de violencia que puedan estar sufriendo los menores, se promete mayor prevención y se crea la figura del coordinador de bienestar en centros educativos, entre otras medidas.

Con la misma urgencia, un mes antes el Gobierno había entregado al Congreso su proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que sigue en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se discute el texto final. Se busca un nuevo marco de creación de energía, dando relevancia a las renovables, y de movilidad, fomentando el transporte ecológico. Con esta norma se pretende que España reduzca un 23% las emisiones para 2030, teniendo como referencia el año 1990.

La aprobación por «competencia legislativa plena» para el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género acelerará el trámite de una legislación redactada a partir del estado de alarma, para que las «autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas» que garanticen el «adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección» de las mujeres víctimas de la agresión machista, con asistencia integral a pesar de las circunstancias.

Para reforzar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, la proposición de ley orgánica de igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, pretende garantizar «el derecho a la libre identidad y expresión del propio género y la prohibición de las terapias de aversión» y las «cirugías de reasignación de sexo no deseadas». Presentada por Ciudadanos, espera la respuesta del Gobierno, que puede demorar hasta mediados de febrero, sobre su posible tramitación.

En el pleno está la proposición de ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social por hijo a cargo o de crianza de los hijo, presentada por Junts per Catalunya. Para atajar el riesgo de pobreza y exclusión que afecta a la infancia quiere elevar de 28,41 euros mensuales por hijo a cargo a 100 euros, y aumentar el límite de renta de los beneficiarios con derecho a percibirla desde unos ingresos anuales máximos de 12.424 euros, vigentes ahora, hasta «la renta media por hogar según datos del INE».

La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia espera su aprobación final en el Senado, con lo que se permitirá a determinadas personas elegir el momento de su muerte antes de que actúe la enfermedad que sufren.

En el Senado está también la ley orgánica de regulación de la eutanasia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, en fase de enmiendas. Modifica lo que se entiende como «actos racistas, xenófobos o intolerantes» y se prohíbe todo aquello que busca amenazar, insultar o vejar por razón de raza, etnia, religión, convicciones, discapacidad o identidad de género.