La ley del 'sólo sí es sí' supera su primer escollo en el Congreso

Además del PSOE y Podemos, a favor estuvieron PNV, ERC, Bildu o BNG, mientras que Ciudadanos, que se desmarcó de los otros partidos de derechas en su discurso, y PdCat optaron por la abstención. Sin embargo, todos los grupos, excepto Podemos, prometieron hacer enmiendas parciales. Incluso el PSOE que pondrá la lupa en el tema de la prostitución.

En su turno de palabra, en contra de la enmienda a la totalidad de Vox y PP, Adriana Lastra aseguró que el proyecto de ley «debe mejorar los puntos relacionados con la explotación sexual. El grupo socialista se asegurará que estén orientadas a la abolición de la prostitución, señora ministra», dijo directamente a Montero. «No podremos erradicar la violencia sexual ni la explotación mientras no vayamos a la raíz del problema, que es la prostitución, más allá de la tercería locativa». El PNV, otro de los grupos parlamentarios a favor de empezar la tramitación, también mostró su propósito de eliminar el debate de la prostitución de la ley. «La tercería locativa debería estar fuera de la ley», mantuvo Joseba Agirretxea.

Montero enumeró algunas medidas incluidas en la ley, como reconocer el derecho de las víctimas de violencia sexual, incluyendo la prostitución, a la reparación del daño, la atención sanitaria, psicológica y jurídica; la creación de «centros de crisis 24 horas» y las «casas de infancia» con un «modelo anglosajón» para evitar la revictimización; aumentar la formación de «toda la cadena de operadores jurídicos«, incluyendo las «unidades de evaluación forense», acabar con el «proxenetismo coercitivo» y la «tercería locativa para perseguir a quienes usan locales y pisos para lucrarse de la explotación sexual de las mujeres».

El texto legal, presentado este jueves, ha tenido un largo recorrido tanto dentro del Gobierno, como fuera, con diferentes entes como el Consejo General del Poder Judicial, muy crítico con su redacción. Puertas adentro hubo enfrentamientos entre los ministros de PSOE y Podemos, sobre todo entre Carmen Calvo e Irene Montero cuyas visiones del feminismo chocaron hasta la salida de la vicepresidenta, y con un anecdótico insulto por parte del exvicepresidente Iglesias contra el exministro de Justicia Campo, llamándole «machista» por criticar el borrador de la ley. En esta andadura encuentra ahora la promesa de Vox de derogar la ley «en cuanto gobernemos».

La primera de las enmiendas a la totalidad la presentó Vox. Carla Toscano de Balbín, su portavoz para esta sesión, subió al estrado con una camiseta donde parafraseaba el eslogan del movimiento '#MeToo': Toscano portaba el mensaje '#NotMeToo'. Su ponencia recurrió al cinismo, más que a la ironía, para sostener que la posible ley aumentaría las denuncias falsas, debido a la ruptura de la presunción de inocencia para todo hombre. Comenzó diciendo que algunos diputados la miraban y que podría denunciarlos incluso por violación. Dijo que los «talibanes del feminismo» hacían una «ley para engordar los chiringuitos feministas», y redujo la persecución a la violencia sexual a que «los hombres son muy malos y las mujeres, muy buenas» en un contexto de «criminalización irrendenta del varón».

Luego preguntó si para el consentimiento explícito el Gobierno crearía «una app, un contrato previo o un artilugio homologado para el beneplácito a copular» y preguntó si sólo se podía decir sí, o también otras frases como «sigue» o «más». «Es una caza de brujas contra los hombres que sufrirán denuncias falsas», mantuvo Toscano, que criticó también que no endurezca las penas a los agresores. Su intervención logró unir a los independentistas catalanes y a Ciudadanos en una posición común: un rapapolvo a Toscano por banalizar las violaciones.

La segunda enmienda a la totalidad la presentó el PP. Marta González Vázquez aseguró que el proyecto de ley «es un calco de la legislación de violencia de género», con «propuestas diferentes descabelladas» que «no atienden a las recomendaciones emanadas» de los órganos consultivos, a los que se ha «despreciado».

La enmienda a la totalidad de los populares, que no secundó ningún otro partido, se centraba en «dos grandes objeciones: la definición del consentimiento expreso y la desaparición de la distinción entre abuso y agresión sexual». «La supresión entre abusos y agresiones sexuales supone en la práctica una rebaja en la pena», sacó cuentas. «Los miembros de La Manada de Pamplona sólo podrían ser condenados a diez años si este texto si estuviera en vigor».