La legalización de regadíos en Doñana pasa su primera prueba amenazada con acabar en los tribunales

La iniciativa excede largamente a un asunto de reordenación del suelo en la provincia de Huelva y se ha convertido en uno de los principales focos de debate político en el que además de los colectivos implicados -los regantes y las organizaciones agrarias de un lado, los ecologistas del otro- ha intervenido el Gobierno central y las autoridades europeas. Estas últimas, a través de una carta enviada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, amenazaron con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió a la Junta de una posible invasión de competencias en materia de gestión del agua si la propuesta sale adelante. «Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar», alertó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles durante un acto político en Burgos.

La iniciativa legislativa, que no ha sido presentada por el Gobierno andaluz, sino por los grupos parlamentarios del PP y Vox, persigue dar una solución a los regantes que en 2014 se quedaron fuera del denominado 'Plan de la Fresa', que daba carta de naturaleza a los regadíos en el entorno de Doñana y por lo tanto garantizaba su derecho de acceso al agua para riego en una zona que ha alcanzado la prosperidad gracias al auge del cultivo de los frutos rojos. Aquel plan fue elaborado sobre la base de unas fotografías aéreas tomadas diez años antes y que por lo tanto no ofrecían una radiografía actualizada de la realidad de la zona al considerar como explotaciones agrícolas a terrenos que en realidad sí lo eran.

Muchos de estos agricultores, en una situación de alegalidad, para continuar con su actividad agrícola optaron por pinchar pozos ilegales que afectaron al acuífero del que se abastece Doñana. Ahora, el Gobierno andaluz quiere dar solución a esta situación, pero la situación es compleja por varias razones: el Parque Nacional se encuentra en una situación gravísima debido a la sequía y los proyectos de obras hídricas que deberían llevar agua a la zona duermen el sueño de los justos. Además, ni siquiera se sabe cuántas son las explotaciones que podrían regularizar se si se demuestra que fueron injustamente excluidas del plan de 2014. Los cálculos oscilan en una amplísima horquilla que va de las 600 a las 1.700 hectáreas.

Al presentar su propuesta, el PP argumentó que aspiraba a que saliera por consenso. En su favor jugaba que tres de los cinco municipios afectados están gobernados por alcaldes socialistas que claman por una solución. Sin embargo, el debate parlamentario celebrado este miércoles ha puesto en evidencia que las posturas no podrían estar más alejadas y ambas partes, el PP y Vox de un lado, el PSOE y el resto de la izquierda, del otro, se acusan mutuamente de mentir sobre el contenido y las consecuencias del alcance de la iniciativa.

El principal punto de discrepancia está en cómo afectará la regularización de los regadíos fuera de ordenación a la supervivencia del Parque Nacional. El PP asegura que el efecto será nulo, ya que la proposición de ley establece que los terrenos que se incorporen solo podrán ser abastecidos con aguas superficiales una vez que el Gobierno central ejecute las obras hídricas pendientes, concretamente el trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra. Argumenta, además, que la propuesta blinda el acuífero que nutre a Doñana, a cuya recuperación obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Pero desde el PSOE y el resto de los grupos de la izquierda se asegura que este argumento es un engaño porque los 20 hectómetros cúbicos previstos en ese trasvase ya están asignados para las explotaciones legales y por lo tanto no se pueden incluir en el reparto a nuevas zonas de regadíos. Esta postura la respalda el Ayuntamiento de Almonte, el único de los municipios de la zona opuesto a la proposición de ley.

Las acusaciones de intentar engañar a los afectados cruzaron este miércoles de uno a otro lado del hemiciclo en un debate bronco al que asistió una nutrida representación de regantes en respaldo de la propuesta. El popular Manuel Andrés González, uno de los ponentes, defendió que el objetivo es resarcir del daño sufrido por los centenares de agricultoras excluidos del Plan de la Fresa y subrayó que la iniciativa no tiene «nada que ver» con el agua ni con Doñana, sino con reordenar el territorio.

El parlamentario del otro grupo proponente, Vox, Rafael Segovia dijo que la iniciativa pretende defender a los agricultores frente a quienes los criminalizan. «Hay que ser malas personas para exigir que se cierren pozos», aseguró tras aludir a las escasas oportunidades de desarrollo económico que se le han ofrecido a Huelva.

Para el socialista Mario Jiménez, estos agricultores están siendo víctimas de un inmenso engaño y advirtió de que la ampliación de los regadíos causará la ruina de todo el sector agrícola de la provincia de Huelva. El diputado del PSOE advirtió de que «no hay nada peor que un político que ofrece soluciones simples a problemas complejos», categoría en la inscribió al presidente de la Junta, Juanma Moreno. «No cabe más indignidad que aprovecharse de las necesidades de la gente», subrayó.

También fue muy crítica la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien calificó a Moreno de negacionista científico por no asumir el riesgo que corre Doñana. La diputada aseguró que se está engañando a los agricultoras porque no hay agua para satisfacer las expectativas que se están creando.

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, alertó sobre el riesgo en el que se sitúa al Parque Nacional y calificó de vergüenza la iniciativa presentada.