Las juezas exigen formación de género para magistrados, fiscales y policías

Como prueba de ello, recuerda que el órgano al que el Ministerio de Justicia ha encargado estudiar cómo están regulados en el Código Penal los delitos contra la libertad sexual, la Comisión General de Codificación, está conformado en la actualidad solo por hombres.

La AJME califica de «corrección anecdótica» que, en vista de esa composición cien por cien masculina, se haya «invitado a colaborar» en esa tarea a seis mujeres expertas en esta materia. «Las mujeres no somos invitadas de la historia, sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad», sostiene.

A su juicio, no es posible encomendar ninguna tarea a un organismo público de esa composición «hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente», sin que quepa sortear ese problema con «operaciones de mero maquillaje» o invitando «a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios».

Las juezas españolas exigen abordar «desde la raíz» este tipo de problemas y establecer «la perspectiva de género como principio básico» de su actividad, que deberá estar presente en «toda» su trayectoria profesional «mediante una formación obligatoria, continua y desde una orientación transversal y multidisciplinar».

Por ello, exigen una «composición paritaria de todos los organismos e instituciones y, especialmente, aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres».

También demandan que reciban «formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar» de manera «obligatoria y continua los miembros de las »fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura, la fiscalía, la abogacía y la medicina forense« , en particular »aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual«. Reclaman además que se cumpla el Estatuto de la Víctima, »evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad«.