El juez decidirá si la orden para matar por primera vez a un lobo protegido se puede ejecutar

La última palabra sobre la vida del animal quedará en manos de los magistrados, que tendrán ante sí un expediente complejo, con muchas aristas y dos paradojas. El Principado es quien mejores censos tiene, pero la falta de datos del resto de comunidades puede dejarle sin autorización. Si, además, Medio Rural se queda sin permiso, sería evidente que en España hoy por hoy es casi imposible abatir un lobo de manera legal, a pesar de que sobre el papel se habilitó un procedimiento para ello. Por partes.

La Estrategia nacional del lobo dejó abierta una puerta para matar cánidos si se cumplían tres requisitos: que el ganadero pusiera antes todas las medidas de protección, que pese a ello su cabaña sufra ataques recurrentes y que «el mejor conocimiento disponible justifique que la extracción no afectará negativamente al estado de conservación de la especie». Algo clave.

El Principado escogió iniciar el trámite en los Picos de Europa, entendiendo que es donde más cercados y medidas de protección han puesto los ganaderos y mejor se conoce la evolución de la especie. Incorporó al expediente una encuesta a los ganaderos para que detallen las cautelas que llevan tomadas, un mapa localizando los ataques del 2022, las estadísticas de daños en Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva y Peñamellera y un aviso. El ganado menor en la zona es escaso y su preservación «imprescindible para que puedan seguir cumpliéndose los requisitos que, en cuanto a origen de la leche, establece el Reglamento de la D. O. P. Queso de Cabrales».

El 14 de septiembre remitió el expediente al ministerio. El procedimiento establece que es él quien emite el último «informe preceptivo no vinculante». Es imprescindible que hable, pero la decisión final compete al Principado. Para orientarse, el ministerio encargó al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (de la Universidad de Oviedo) que revisara la normativa y acotara cuál debe ser su papel.

Guiado por ese análisis, el ministerio considera que el Principado acredita bien que los ganaderos ya no tienen otra alternativa de protección y que los daños que sufren son recurrentes. Sin embargo «no se puede constatar que la extracción de ejemplares de lobo solicitada resulte neutra sobre el estado de conservación de la especie, tanto a escala de la región biogeográfica Atlántica como a escala nacional».

La consejería había tratado de salvar la cuestión con un informe del comité técnico del parque nacional, informando de que en los últimos 36 años los lobos han aumentado en los Picos de Europa, pasando de una manada a siete, y ello pese a que se venían matando ocho animales al año.

El ministerio opone que para entrar en el fondo del asunto necesitaría conocer al menos las «tasas de mortalidad -y en consecuencia de superviviencia relativa- tasas de productividad, tamaño de grupo familiar en distintas fases del ciclo vital y censo del númeto total de lobos o de grupos detectados», tanto en toda Asturias «como en el área en que se propone llevar a cabo la extracción, en el entorno del Parque Nacional».

Según los asesores del ministerio, los científicos coinciden en que habría que abatir entre el 22 y el 29% de los animales para «afectar negativamente» a la evolución de la especie. Francia autoriza a matar entre el 10 y el 20% de los lobos, pero allí hay un «seguimiento permanente» de las poblaciones y el estado de conservación de los cánidos está catalogado como «favorable»; en España se considera «desfavorable-inadecuado». Según la Comisión Europea, «la extracción es posible» también en ese estado, siempre que se acredite que el sacrificio tiene un «efecto neutro» sobre la evolución de la especie, algo que requiere mantener unos censos constantes de los que carece España.

Pesa en todo un antecedente: el Tribunal de Justicia de la UE estableció que si los datos disponibles «dejan alguna incertidumbre», el estado miembro debe abstenerse de matar al animal.