James Rhodes: «Esta ley ayudará a impedir que se violen a los niños»

A cientos de kilómetros de distancia, unos años antes, otro adulto abusaba de una niña de 9 años. No era en un lugar público, sino dentro de su hogar en España. Vicky Bernadet fue víctima de agresiones sexuales durante ocho años, de los 9 a los 17. No sabía cómo decir que no. No sabía cómo romper ese secreto. Casi dos décadas duró el silencio de la actual presidenta de la fundación que lleva su nombre para ayudar a otros niños víctimas.

Bernadet y Rhodes están ahora unidos en la misma lucha por la aprobación en el Congreso de una ley contra la violencia en la infancia, que ha tenido numerosos traspiés desde que estuvo redactado su primer borrador, en 2016. Hoy se espera su aprobación en Consejo de Ministros. «Una de las cosas más importantes de esta ley es el deber de denunciar», dice Rhodes, que reconoce que es «demasiado tarde para mí». Pero cuando el proyecto sea convertido en ley sí «ayudará a impedir que se violen a los niños». «Ha sido una campaña incansable», asegura Rhodes.

Los abusos y agresiones sexuales durante la infancia no son casos aislados. Rhodes y Bernadet son dos rostros visibles de un delito que ocurre de forma «sistemática». En España hubo 24.409 denuncias por delitos violentos contra menores, según los datos más recientes (2018) del Ministerio del Interior. «La violencia contra la infancia es un fenómeno desconocido», dice Andrés Conde, director general de Save the Children. «Se interpretan como casos puntuales, pero es algo que sucede de forma continuada».

Esta ley, que Naciones Unidas exigió a España en 2010, contiene aspectos que van desde la prevención hasta la reparación, y abarca «todas las formas de violencia», a juicio de Conde, como maltrato, acoso, abuso, extorsión y violación. «En 2018 volvimos a reiterar esa recomendación», asegura Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño (Naciones Unidas). «El siguiente paso es luchar para que no sea letra muerta. La ley necesita una rápida y seria implementación con recursos». Save The Children ha calculado que se requerirá unos 155 millones de euros el primer año.

Entre los aspectos más valorados del borrador se cuentan cambios en lo judicial, como que el niño víctima pueda declarar una sola vez, al aplicar la «prueba preconstituida», y se alarga el plazo de prescripción de los delitos. Si antes los más graves prescribían 15 años después de cumplir la mayoría de edad, ahora será a partir de que la víctima cumpla 30. Es decir, a los 45. Para Bernadet, que recién pudo verbalizar su experiencia a los 34 años, ese tiempo es aún insuficiente. «La franja más común de las revelaciones está entre los 45 y los 50 años, cuando la víctima se siente más independiente y puede dar ese paso de hablar de los abusos de su infancia».

Sin embargo, una de las debilidades de los procesos judiciales en la actualidad es la escasa credibilidad que se da al niño víctima, que muchas veces no es llamado siquiera a declarar. ¿Se resuelve esto con la nueva ley? Los expertos coinciden en que una cuestión crucial será contar con juzgados especializados, así como la formación específica de jueces y fiscales, que crean a la víctima.

«Me he sentido honrado de formar parte de la campaña», reitera Rhodes. «A menudo he buscado algún tipo de significado en mis traumas del pasado, algo que me ayudara a entender por qué ocurrieron. Y hoy por primera vez he encontrado ese significado. Con esta ley iniciada por el PP y arrastrada hasta la línea de meta por el actual Gobierno, España será el país número uno en el mundo en el vital tema de la protección infantil». El vicepresidente Pablo Iglesias ha bautizado esta proyecto como «Ley Rhodes», pero aunque «es un gran honor», dice Rhodes, «esto es mucho más que una sola persona. Es más apropiado llamarla simplemente la ley de la Infancia».