Una inspección destapa el trato «hostil» en un centro de menores de Murcia

El Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, ha sacado a la luz esta semana que «proporcionalmente se aplican con más frecuencia contenciones físicas a las menores» en este centro. Y esta desigualdad, advierte, «provoca una situación más hostil y desequilibrante para las menores» y es un «indicio de que la respuesta educativa que reciben ellas no es la adecuada». Todo ello en unas instalaciones dedicadas a la ejecución de medidas judiciales de internamiento impuestas por el Juzgado de Menores, así como a la rehabilitación y reinserción de chavales de 14 a 18 años.

El informe estatal recoge que «en los hospitales visitados, pese a los altos porcentajes de violencia de género manifestados por las internas y que constan en una investigación, el MNP (Mecanismo Nacional de Prevención) comprobó que, mayoritariamente, son hombres los que realizan las contenciones». «Estas son también realizadas por hombres en el Centro de Menores La Zarza, visitado en 2022, lo que cobra mayor relevancia, al comprobar que no se tiene en cuenta la idiosincrasia física y psíquica de las mujeres en los protocolos para el ejercicio de las contenciones físicas», concluye el Defensor.

La institución que dirige Ángel Gabilondo, exministro de Educación, denuncia que «las adolescentes, a diferencia de los jóvenes, muchas veces no tienen acceso a espacios de mayor autonomía». Y añade que «su nivel escolar, superior en general al de ellos, no es adecuadamente atendido, o son excluidas de los talleres laborales, como se comprobó» en La Zarza el año pasado.

A nivel nacional, la supervisión del MNP arrojó datos preocupantes: se «comprobó en todas sus visitas la discriminación de que son objeto las mujeres, por el hecho de ser menos numéricamente». «La dirección de los centros, en general, no facilita la posibilidad de actividades conjuntas entre ambos sexos», apunta el Defensor acerca del centro de Abanilla y de otros dos de Oviedo y Ceuta.

Los problemas en el centro La Zarza no acaban ahí. El centro es citado como ejemplo de «la invisibilización» de las adolescentes a nivel lingüístico. Los funcionarios de la Administración General del Estado detectaron que «el dosier de ingreso con la normativa y formularios anexos carecían de lenguaje inclusivo, ignorando que sean mujeres las que se encuentren en el centro». Y detallan que eso sucede «hasta el punto de que entre las pertenencias de ropa interior solo se incluye la posibilidad de que esta solo sea masculina».

«Esto afecta a la autoestima de las menores y genera malestar psicológico y emocional. Además, no se contemplan posibles circunstancias propias de las menores en el momento del ingreso (violencia de género, embarazo, etc.)», apunta el Defensor. Y pide que las comisarías de Policía Nacional adapten también sus formularios de información.

A preguntas de LA VERDAD, Fuentes de la Dirección General de Familias y Protección de Menores de la Consejería aseguraron, acerca del centro de menores La Zarza, que todas las «observaciones, sugerencias y recomendaciones» del Defensor del Pueblo, plasmadas en tres informes, «fueron aceptadas». Indicaron que «más que deficiencias, lo que se recoge son mejoras obligadas en la recogida de información y en la adecuación de los protocolos, teniendo en cuenta el género, la discapacidad o la etnia».

En la Consejería, que desde enero de este año dirige Conchita Ruiz y que en 2022 tenía al frente a Isabel Franco, se refirieron al impacto de la pandemia, que a su juicio «dificultó en gran medida establecer un criterio de la realidad del centro educativo».

Tras contactar con Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, la Comunidad informó de que «en el momento de la visita del personal de la institución del Defensor del Pueblo, aún estábamos sumidos en la pandemia por el covid -19, examinando datos del año 2020 y 2021».

«Hubo que seguir las recomendaciones sanitarias y establecer grupo burbujas, prohibición de visitas, salidas de los menores, etcétera». En la Comunidad recordaron que el centro es supervisado por jueces y fiscales de menores y por funcionarios de la Consejería y que cualquier «anomalía» se intenta «solventar lo más rápidamente posible».

«En el ámbito de los centros de menores y prisiones, se realizó la recomendación de fomentar el uso de un lenguaje inclusivo en los formularios y registros. Está pendiente aún que la Administración penitenciaria incorpore en el dosier el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, pese a la recomendación realizada al respecto hace ya cuatro años», expone también el Defensor en su informe. E incluye que ha propuesto «soluciones» a las «deficiencias» en la gestión de los centros de menores inspeccionados. Cita «los protocolos de acogida en el ingreso; la recogida de información; el ajuste de las actividades educativas y terapéuticas; la atención sanitaria a necesidades específicas; la prevención de suicidios; el uso de medidas de fuerza y restrictiva; las comunicaciones; y el sistema de gestión de quejas».

Asimismo, el informe asegura que los centros de menores han aceptado implantar mejoras en estos ámbitos y aplicar un protocolo de prevención, detección, actuación y atención a las víctimas por agresión sexual.

Al respecto, el Defensor del Pueblo ha alertado de que «la violencia sexual» ocurre en centros de privación de libertad. Así, «durante seis visitas de género realizadas en 2021, en tres de ellas (centro de menores, prisión y hospital psiquiátrico), varias víctimas informaron al personal del MNP de abusos sexuales acaecidos dentro de los centros». El Defensor recoge que «las prisiones y hospitales psiquiátricos rechazaron» incorporar esas prevenciones. Ello, «a pesar de que la nueva Ley Orgánica 10/2022, de garantía de libertad sexual [conocida como ley del 'solo sí es sí') obliga a que los centros penitenciarios, de detención o de internamiento involuntario cuenten con tal protocolo».

Sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), si bien recuerda que el de Murcia estuvo cerrado en 2022 por obras, el Defensor señala quejas «comunes» en toda España. E insta a los ministerios de Interior y de Migraciones a que adoptar un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos y mejorar la atención sanitaria, incluida la psicológica.

Fuentes de la Consejería aseguraron que en La Zarza la mayor proporción de «contenciones» a las menores obedeció a «las circunstancias y al estado de los y las menores, así como de sus respuestas al desarrollo de la medida judicial impuesta; pero en modo alguno estuvieron condicionadas por el sexo o la orientación sexual». Agregaron que hay un empleo «moderado» de los «medios de contención» física, de acuerdo a la ley. Se usan «únicamente en los casos estrictamente necesarios, e independientemente de que sea un chico o una chica», para «evitar actos de violencia o lesiones a sí mismos o a otras personas, impedir actos de fuga y daños en las instalaciones o ante la resistencia activa a las instrucciones del personal».

En todo caso, «se ha decidido incorporar al equipo de seguridad personal femenino, en sus dos variantes: auxiliar de control educativo y vigilante de seguridad». En el centro ya trabajan mujeres. También «se está procediendo a adaptar y revisar la documentación de carácter interno, incorporando la perspectiva de género y utilizando un lenguaje inclusivo». Y se mejorará la «adaptación» del proyecto educativo.

Ya sin restricciones por la covid, «la formación reglada ha vuelto a desarrollarse en aulas independientes de los módulos de convivencia, lo que permite que se agrupen conforme a sus niveles académicos», en aulas mixtas. Según la Consejería, en la visita del personal del Defensor del Pueblo, no había chicas en el programa de Jardines y Viveros porque «ninguna usuaria reunía las características y condiciones exigidas por las bases académicas». A su juicio, como suelen tener mayor nivel curricular, acceder a ese taller «sería un paso atrás en su evolución académica».