¿El incesto es más común de lo que se cree en España?

Otro caso notorio, y uno de los primeros que se hizo público en España, fue el de otros dos hermanos, Daniel y Rosa Moya, que son pareja desde hace cuatro décadas y tienen dos hijos. Descubrieron que eran hermanos biológicos, él cuatro años mayor, después de tener una relación estable desde muy jóvenes. En ambos casos se habla de amor y romanticismo, de casamientos impedidos por el Código Civil, que establece que los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción no pueden contraer matrimonio ante la ley.

Sin embargo, hay otra realidad, más común y callada, del incesto. En su última evaluación, efectuada en el terreno hace unas semanas, Naciones Unidas se interesó por este tema, sobre todo cuando se practica entre un adulto y un menor, por medio de la imposición, el abuso y la superioridad de un padre o un abuelo.

Las conclusiones de la ONU se plasmaron en las 'Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de España', redactado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de este organismo multilateral. «El comité observa con preocupación que la legislación y los esfuerzos para abordar formas específicas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, como el incesto (...) son insuficientes», advertían al Gobierno español.

La exigencia de «medidas» para prevenir y reparar las consecuencias de este tipo de relaciones, en las que no tiene por qué mediar la violencia para que cause profundos traumas al menor, surge del 'informe sombra' elaborado a partir de las contribuciones de una veintena de asociaciones locales, entre las que destacan Alanna, Clara Campoamor o Feminicidios, y al que ha tenido acceso este periódico.

En el reporte, las autoras señalan que las relaciones incestuosas practicadas con menores se cifra en 3.206 casos al año, según las notificaciones de abuso sexual del Sistema de Registro Unificado Estatal (Rumi) de 2021, que son las últimas estadísticas disponibles. Estos incestos son sólo los que llegan a ser denunciados por un adulto (madre, médico familiar o de Urgencias, profesores), después de que el niño exterioriza tal situación.

En el 'informe sombra' (una vía creada por la ONU para que la sociedad civil vigile y denuncie), otra fuente aportada eleva la cifra hasta las 5.685 anuales, con «solo 738 condenas cuando las víctimas son menores de 16 años». «Tememos que es altamente probable que todos estos menores desprotegidos sean víctimas de agresiones intrafamiliares paternas», se sostiene en el documento, que califica de «tortura» el incesto. «Cuando una niña, niño o adolescente relata que está sufriendo incesto, al ser menor de edad no puede interponer por sí mismo la denuncia, y tiene que ser un adulto quien lo haga».

Por lo general, advierten, «las criaturas que han verbalizado la agresión sexual están forzadas a la revinculación. Esto quiere decir que niños, niñas y adolescentes están siendo forzados a mantener el contacto y el vínculo con la persona que han denunciado».

La anomalía se puede saldar con «una custodia compartida o una custodia total para el padre», previa tutela del menor denunciante la Comunidad Autónoma «a modo de castigo, hasta que acepta», alerta el documento remitido por la comisión de la ONU.

Las asociaciones españolas que trabajaron en el documento transmitieron a Naciones Unidas su preocupación por la falta de información y datos actualizados del incesto en España, y acusaron que ni el Congreso ni el Senado han respondido a sus requerimientos desde el año 2015, con varias insistencias incluso en 2023.

Mantenidos bajo un velo familiar e institucional están los datos de la edad de la víctima, el número de denuncias, cuántas son archivadas o que terminan en absolución, qué medidas de protección se ofrece a la víctima, cuántas veces se realizan informes médicos o psicológicos y cuál es el resultado histórico de las pruebas de los equipos psicosociales en cuanto a la credibilidad de la víctima. Mientras no esté disponible esta información no se podrá responder a la pregunta de cuán común es el incesto en España, y de qué formas se somete a los menores en los casos en que se aprecie una agresión sexual.

Además, el 'informe sombra' validado por la ONU incide en la desprotección del menor cuando la denunciante es la madre, y requiere las estadísticas sobre la retirada de custodia a las mujeres que insisten en la denuncia, son condenadas por sustracción de menores o se les ha obligado a acudir a sesiones de salud mental. Exigen así, y Naciones Unidas les secunda, que «en los casos de incesto, el Estado español está obligado a proceder a una investigación pronta e imparcial». La realidad del incesto en España va más allá de la anécdota y los platós.