Igualdad creará un certificado digital para víctimas de violencia de género

Un caso hipotético ejemplifica cómo funcionaría este pasaporte digital: Una mujer va a Urgencias por una fractura. Dice que se ha roto el hueso por una caída o cualquier otro accidente. La acompaña su pareja. Cuando sus datos salen en la pantalla del sistema de salud salta una alerta. La paciente ha sido víctima de violencia de género. El sistema lanza una advertencia al personal médico, que debe estar prevenido porque el acompañante podría ser un agresor. «El certificado digital serviría para que el personal sanitario que le atienda sepa que esa mujer tiene un pasado de víctima y pueda relacionar esa historia con el episodio supuestamente aislado», explica Rosell.

Este servicio avisaría de la condición de víctima de esa persona en cada consulta médica, como «obstetricia o pediatría en los casos de niños abusados», especifica Rosell, que indica que el pasaporte digital también serviría en la solicitud de becas, para su propio proceso ante la Justicia o en ciertos trámites públicos. «Si lográramos que esa certificación digital fuera apta para otras administraciones, la mujer se ahorraría la revictimización de tener que verbalizar su historia, y tendría un acceso preferente en la Comunidad Autónoma sin cargar con su expediente».

Así como el confinamiento abría una fase de riesgo para las mujeres maltratadas, al estar encerradas con su agresor, una vez que cesa el estado de alarma se inicia otro periodo de alerta para las víctimas de violencia machista, mantiene Rosell, porque el maltratador tiene una «sensación de pérdida de control de sus mujeres e hijos» y se hace más peligroso. «Pese al relativo descenso de la violencia machista, ha habido un aumento de violencia silenciosa», asegura.

Las cifras la respaldan. Por una parte, menos víctimas mortales que en el idéntico periodo anterior. En 2020, con la sociedad en aislamiento cuatro mujeres han perdido la vida, sin contar un caso todavía en fase de investigación. Pero las peticiones de auxilio han crecido un 41% entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, comparada con el mismo periodo anterior, superando las 20.000 llamadas al 016.

Lo mismo con las consultas 'online', que se han cuadruplicado, aunque todavía es un sistema muy poco utilizado por las víctimas, que no llegaron a 600 durante el confinamiento. A diferencia del servicio por Whatsapp que se puso en funcionamiento este año y superó los 2.000 mensajes hasta finales de mayo. «Es inconcebible la minimización de esta otra pandemia», acota Rosell.

La semana pasada el Tribunal Supremo recordó a la Fiscalía lo que ya había especificado en la sentencia de La Manada de Pamplona del verano del año pasado: en los casos de violación grupal el Ministerio Fiscal debe acusar a cada uno de los agresores por cada acto «individualizado», aun cuando en ese momento el acusado esté como cooperador. Es decir, una acusación de agresión por cada penetración que sufra la víctima, lo que aumentaría las penas.

A pesar de la jurisprudencia en ese sentido, la Fiscalía ha continuado sus procesos de la vieja manera, y agrupa todo lo sucedido como una sola agresión. Y en el caso de Valencia resuelto hace unos días, con 15 años de penas para cada uno de los tres agresores, el Supremo ha reprendido a la acusación.

Al respecto, Rosell, que ante todo dice respetar la independencia del Poder Judicial, advierte que «si el problema está en las acusaciones habrá de hacerse como dicta la jurisprudencia del Tribunal Supremo». El alto tribunal, dice, «afortunadamente está comportándose». «Hemos visto mucha diferencia entre el enfoque de género entre algunas sentencias, sobre todo de instancias inferiores, y sería deseable que las mujeres no tuvieran que hacer todo este recorrido para tener justicia. Ya lo vimos con la sentencia de La Manada en Pamplona, cuando un juez votó por la absolución y los otros dos por un delito de abuso, cuando finalmente era una violación».