Igualdad propone el acceso automático a una vivienda a mujeres maltratadas en precariedad

El comité de crisis contra la violencia machista se reunió este viernes por segunda vez en poco menos de un mes a causa de los seis crímenes que se han producido en enero. Este tipo de encuentros se seguirá celebrando cada mes que se registren cinco o más asesinatos, según informó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

Al término de la reunión, las autoridades de Igualdad defendieron la necesidad de reforzar la atención a las víctimas que vivan en zonas rurales y la ayuda social y psicológica a mujeres con problemas de salud mental y drogodependencias. Una solución difícil en un país como España, con apenas seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública, muy inferior a la media de la UE, que se cifra en 18.

La secretaria de Estado de Igualdad desgranó algunas de las propuestas que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas. Si el sistema Viogén detecta un peligro elevado, «inmediatamente» los servicios sociales tendrían que determinar si la mujer se encuentra en una situación de exclusión social o vulnerabilidad económica, sostuvo Rodríguez, que compareció ante la prensa junto a la ministra Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

«Sabemos que no estamos llegando siempre a tiempo. Tenemos que ser capaces no solo de que los servicios de protección estén disponibles, sino de buscar la manera de llegar eficazmente a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos», apuntó Irene Montero. Rodríguez aseveró por su parte que, en los casos estudiados, la existencia de una vivienda ajena a la del agresor habría permitido a la víctima tener una «puerta de salida». Otra de las medidas que maneja el departamento que dirige Irene Montero es la creación de un servicio de atención psicológica especializada en violencia machista dentro del sistema nacional de salud. La secretaria de Estado puso de manifiesto que la atención psicológica que reciben las víctimas ha de ser a largo plazo y no limitarse al momento posterior a la agresión, porque ello alentaría la revictimización.

El equipo de Igualdad es partidario de que los servicios sociales se adhieran al sistema Viogén para que puedan alertar de la situación de vulnerabilidad de la mujer con el fin de poder proporcionarle asistencia lo antes posible. Rosell subrayó que, en un país donde el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún episodio de violencia machista, el Estado tiene la obligación de ser «proactivo y buscar los lugares a los que sí acuden las víctimas». Las alternativas habitacionales y las ayudas son posibilidades que ya existen para las víctimas de violencia machista, pero tienen que pedirlas las damnificadas.

La propuesta busca «invertir la mirada» y no esperar a que las mujeres demanden esa ayuda, sino que cuando se aprecie riesgo alto, se ponga a su disposición, con carácter inmediato, «el acceso a una vivienda, al ingreso mínimo vital o ayudas de carácter económico». A la convocatoria acudieron todas comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, que amagaron con no asistir.