Iglesia y Gobierno abren otro frente a cuenta de la reparación a las víctimas de la pederastia clerical

En un esfuerzo por influir en la cita episcopal, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mandó hace escasos días una carta al presidente de la jerarquía católica, Luis Argüello, en la que le reconviene y le hace saber que no admitirá un «esquema unilateral» para compensar a los sobrevivientes. En la misiva, Bolaños recrimina a la cúpula episcopal por el hecho de tomar «decisiones por su cuenta». El titular del departamento advierte a los prelados de que la Administración no aceptara que se resarza a los perjudicados en un procedimiento sin el control del Estado.

La comunicación de Bolaño ha causado un hondo malestar en la cúpula de la Iglesia, que entiende que esta forma de actuar supone una un ataque a su independencia. Según fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal, el Gabinete de Pedro Sánchez se vale de ardides para presionar a los obispos y «monopolizar» el trato con las víctimas.

El ministro y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, junto al el subsecretario del Ministerio, Alberto Herrera, se encontraron con las organizaciones de víctimas para atender sus reivindicaciones y estudiar medidas tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo relativo al asunto. Los damnificados denunciaron que no se ha contado con ellas para la aplicación del plan de reparación, que peca, dicen, de «insuficiente».

«Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado», dijo Bolaños, que asume «fielmente» las recomendaciones recogidas en el informe del Defensor del Pueblo.

Los pasos dados por la cúspide eclesial no satisfacen ni al Ejecutivo ni a las asociaciones. Sobre todo cuando se ha sabido que el borrador del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (Priva), adelantado por Religión Digital, prevé dejar a los supervivientes al margen de la comisión asesora que decidirá las indemnizaciones.

Otro aspecto que disgusta a Justicia es que el plan no es de obligado cumplimiento para las diócesis, al tiempo que sus resoluciones carecen de carácter vinculante. Así, dice el Ejecutivo, difícilmente se puede garantizar una reparación.

Los obispos sí hacen suyo un consejo del informe de la institución que dirige Ángel Gabilondo. Los prelados colaborarán en un acto público de reconocimiento a las víctimas. En el documento los prelados hacen examen de conciencia y asumen su responsabilidad en «este doloroso asunto».

«Las víctimas –dice el texto– necesitan una respuesta, clara y precisa, y esta solo puede venir de un marco que debería contemplar una relación colaborativa entre las diferentes sensibilidades y realidades de la Iglesia, los poderes públicos y otras instituciones». En este sentido, el episcopado se hace «cargo de la evidente responsabilidad» que tiene en este «doloroso asunto».

El plan, tal y como está ahora redactado, apuesta por compensaciones dinerarias, pero también servicios en forma de prestaciones. Además, la Iglesia se aviene a asumir los «gastos derivados de la asistencia médica y terapéutica». La jerarquía eclesiástica da por seguro que no habrá problema para lograr los dos tercios que se necesitan para aprobar la iniciativa.

El Ejecutivo quiere implementar un fondo estatal de compensación a las víctimas de abusos en el que figure la Iglesia, pero la Conferencia Episcopal aduce que no puede participar en un foro en el que «estén ausente el 98% de las víctimas», en alusión a los supervivientes de agresiones sexuales fuera del entorno eclesial.

El Gobierno pretende que la Iglesia desembolse la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones, y que ese proceso no esté al albur exclusivo de los obispos.

En la última comparecencia ante la prensa, el secretario general y portavoz de la jerarquía eclesiástica, César García Magán, evitó cuantificar cuál será el coste de las indemnizaciones. «Habrá por supuesto reparación económica. La habrá. Ahora, cuando se apruebe, ya la escucharán», adujo el García Magán. En esta ocasión, la voz de la Confederación de Religiosos de España, que hasta ahora se había escuchado con sordina, será tenida en cuenta.